Ante la posibilidad de una nueva huelga de transportistas, la industria alimentaria y de distribución han advertido del riesgo de un desabastecimiento general. De producirse, conllevaría graves consecuencias, tanto para empresas como para consumidores, han explicado.
Las empresas agroalimentarias y de distribución han advertido que España “no puede permitirse un nuevo paro del sector del transporte por carretera”. Tanto productores como hosteleros y supermercados han reconocido que si vuelven a producirse paros en el transporte, los precios subirán aún más y se producirán problemas de desabastecimiento. Además, podría suponer graves consecuencias tanto para las empresas como para los consumidores.
Entre esas consecuencias estaría la paralización de la actividad en las fábricas por falta de abastecimiento. Así como el incremento del coste de la conservación de los alimentos. “La recuperación de la actividad normal puede extenderse durante varias semanas. Prolongando los problemas de desabastecimiento de la población”, han indicado varias organizaciones en un comunicado conjunto. Entre los firmantes están las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, Cooperativas Agroalimentarias, y las asociaciones empresariales Fiab, Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Cedecarne, Fedepesca, Hostelería de España y marcas de Restauración.
La preocupación se produce tras conocer que la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte (organizadora de la huelga de camioneros en marzo) haya anunciado la convocatoria de una consulta el próximo domingo 26. En ella se decidirá si se retoman las movilizaciones. El motivo, según exponen, es el incumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno, como mejoras laborales y una subvención al combustible.
Sin embargo, la conocida como ‘Plataforma’ ha recalcado que aún no se ha convocado ningún paro. En este sentido, sólo se reanudará el paro indefinido del transporte si así lo deciden sus bases. Dicha organización solicita, entre otras cosas, que el Ministerio de Transporte garantice que ningún transportista realice un servicio a pérdidas, a través de un decreto-ley antes del 30 de junio.
