PP y Vox han acordado pagar una subvención de 20,3 millones de euros a Televisión Castilla y León, propiedad de los empresarios de medios de comunicación Antonio Miguel Méndez Pozo y de la familia de José Luis Ulibarri.
Pese aunque Vox antes de las elecciones proponía acabar con las subvenciones a la televisión regional, que es privada, pero este viernes votó a favor no solo de mantenerla, sino de actualizarla subiendo el IPC, mientras la empresa ha realizado varios despidos en los últimos meses.
El PSOE se abstuvo en la votación de esta decisión porque, según su representante en la comisión de evaluación de la TDT, Ángel Hernández, se produce en “en un contexto de crisis social y económica muy difícil para la gente».
También el procurador de Cs, Francisco Igea, explicó su voto favorable para que los trabajadores tengan garantizado el cobro de su salario.
Igea, sin embargo, dijo que «no podemos seguir permanentemente con este modelo sometido a la presión de un PP que no cree en la libertad de prensa. En seis meses han desaparecido los criterios objetivos y la transparencia en la publicidad institucional», dijo.
Hernández ha trasladado el reconocimiento y agradecimiento del PSOE a los profesionales “por su esfuerzo en condiciones laborales a menudo precarias” y subraya que el PSOECyL siempre ha sido responsable con un proyecto nacido del consenso” y ha trabajado y realizado propuestas para solucionar el conflicto laboral de hace unos años o la crisis derivada del pago del IVA.”
“Ha sido Mañueco quien ha roto , también aquí, el acuerdo de Comunidad sobre RTVCYL”, asevera el representante socialista tras recordar el compromiso alcanzado “por consenso” de dedicar dinero extra a mejorar las condiciones de plantilla “algo que no solo no se ha cumplido sino que, además, se ha despedido a trabajadores.”
“El PSOE solo se ha abstenido para garantizar el sueldo a los trabajadores”, recalca Hernández tras señalar que en la reunión ha solicitado datos de las condiciones laborales de los trabajadores así como de los salarios y contratos de los directivos.
El representante socialista ha expuesto asimismo que la mitad del grupo empresarial al que se otorgó la concesión ha estado presidido por un condenado por varios delitos en la trama de corrupción del PP (José Luis ulibarri) , “la trama Gürtel”, y que el director de informativos fue despedido “sin que a día de hoy nadie responda a la petición de explicaciones.”
“El deterioro del modelo y la ruptura de los consensos desde la llegada de Mañueco hace inviable el proyecto cuyo contrato está a punto de expirar,” asevera Hernández tras una reunión en la que PP y Vox han ido “de la mano y solos.”
