La Junta de Castilla y León aplicará la reducción del precio de los abonos transporte y títulos multiviajes, de los servicios de transporte terrestre de su competencia, en un porcentaje del 30%, según lo establecido en el artículo 3 de la Orden Ministerial sobre ayudas al transporte urbano e interurbano establecidas por el Gobierno para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
No solo no pone otro 20% de su parte que puede aportar, sino que le pide al Gobierno que le dé por adelantado la cuantía total de la ayuda gubernamental., que entrará en vigor entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022. Es lo mismo que ha hecho el Ayuntamiento de Salamanca gobernado por el PP, aunque en este caso se dieron más prisa por anunciar que no pondrán nada de su parte para ayudar a los ciudadanos que usan el bus municipal.
Asimismo, la Junta considera que «es imprescindible que el Gobierno adelante dicho importe a las comunidades autónomas, para que los concesionarios de la prestación de los servicios de transporte terrestre no se vean obligados a sustentarla».
Estas consideraciones de la Consejería de MTD se han trasladado por carta al director general de Carreteras del MITMA, al considerar que la aplicación de esta medida, “si bien supone un reseñable beneficio para los viajeros, también supone para los concesionarios de la prestación del servicio de transporte y para las comunidades autónomas, un importante perjuicio, en caso de que no se atiendan las peticiones indicadas”.
La titular de la Consejería recuerda que la Junta de Castilla y León ya tiene bonificados todos los abonos de transporte de su competencia, en concreto, con una media del 35% en los transportes metropolitanos; entre un 40 y un 83%, en los abonos entre Madrid con Ávila y Segovia, y en un 100% el bono rural transporte a la demanda.
