La Guardia Civil está investigando a un hombre de nacionalidad armenia como presunto autor de un delito de falsedad documental. El hombre ofrecía su identidad a otros conductores a cambio de dinero para figurar como titular en delitos relacionados con denuncias de tráfico. Otras 91 personas están siendo investigadas por haber solicitado dichos servicios.
La investigación del caso comenzó a mediados del año pasado después de que, en un control de alcoholemia en Mallorca, un motorista ignorase la señal de alto de un guardia civil y huyese a gran velocidad. Los agentes apuntaron la matrícula e interpusieron las correspondientes denuncias. Después, agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) examinaron el expediente. Tras ello, se percataron de que un ciudadano armenio había reconocido la responsabilidad de las infracciones, eximiendo al conductor de la motocicleta.
Sin embargo, los agentes del GIAT comprobaron que dicho ciudadano extranjero no poseía el permiso para conducir motocicletas. Este hombre tampoco se encontraba en Mallorca en el momento de la infracción y tenía una pérdida de vigencia del permiso de circulación. En base a ello, se acusó al motorista de falsedad documental y a un amigo que le ayudó a elaborar el recurso administrativo.
Posteriormente la Guardia Civil se dio cuenta de que el ciudadano armenio tenía varias infracciones graves, todas ellas con pérdida de puntos del permiso. Concretamente, el susodicho contaba con un saldo negativo de 321 puntos en el permiso de conducir. El Instituto Armado ha señalado que el caso sigue abierto, por lo que no descartan nuevas investigaciones. Además del supuesto delincuente, se está investigando a otras 91 personas que habrían solicitado sus servicios.
El ’modus operandi’
Tal y como ha explicado el Ministerio del Interior en un comunicado, los autores de las infracciones indicaban como conductor en el momento de la multa al ciudadano armenio. De esta manera, quedaban eximidos de responsabilidad y evitaban la pérdida de puntos. Por su parte, el investigado ofrecía sus servicios a través de páginas web de anuncios. En las ofertas, se ofrecían puntos del permiso de conducir con precios entre 75 y 200 euros por punto, además del importe de la multa.
