José Francisco Bautista, diputado provincial de la comarca de Vitigudino, señala que la realidad de nuestros municipios es qué, cada vez son menos los profesionales que trabajan en ellos y los que trabajan ya no habitan allí.
Servicios básicos y necesarios para que las personas continúen viviendo en los pueblos durante todo el año, se encuentran mermados por las políticas que se están llevando a cabo.
«En concreto me voy a referir a las condiciones que les ofrecemos a los profesionales de la educación; o lo que es lo mismo el maestro que toda la vida que ha trabajado en nuestros municipios y hace años llegaban a educar a varias generaciones de una misma familia. Estos, hoy en día no tiene la estabilidad necesaria para continuar durante largos periodos de tiempo en un mismo puesto de trabajo, y esa posibilidad es menor si hablamos de escuelas rurales», puntualiza José Francisco Bautista.
Este problema siempre se excusa alegando que no hay niños en los municipios. Esta cuestión que no es del todo cierta, en muchos casos los hay, pero la falta de continuidad del maestro; recordemos que en la etapa de educación primaria se pide un seguimiento continuado durante 3 años de los niños por el mismo tutor, si esto es posible, hace que los padres decidan realizar el esfuerzo de llevarlos a municipios más grandes, con más maestros, con continuidad (que hace que se cubran mejor las bajas) y mejores recursos para trabajar con sus hijos, lo que finalmente conlleva la desaparición de escuelas en el mundo rural.
«Este año, además de los pocos maestros contratados en nuestra provincia, 58 vacantes menos, nos encontramos que las jornadas parciales ofertadas son un 36% del total, 16 puntos porcentuales mayores que el año anterior», señala Bautista.
El diputado de la comarca de Vitigudino se pregunta que ¿cómo pretendemos que las personas que van a educar a nuestros hijos puedan vivir dignamente con una jornada parcial que se ofertan desde las 5 horas hasta las 12?
Por todo esto, solicito a la Diputación de Salamanca que: «Instar a la Junta de Castilla y León para que se doten de profesionales los centros de enseñanza de la provincia con jornadas laborales dignas».
