Las secciones sindicales de ayuda domiciliaria de CSIF en Castilla y León rechazan el quinto convenio regional del sector de ayuda a domicilio, firmado entre las empresas del sector y los sindicatos UGT-CCOO, advirtiendo que la mejora retributiva anunciada de más de un 20% para el periodo 2023-2026, “no se va a producir, no es real. Se han establecido dos tablas salariales, en función de si hay o no licitación del servicio con administraciones públicas, de manera que existen varios escenarios posibles de subida salarial, sin que ninguno alcance ese 20%”.
Cuando existe esa licitación con las administraciones públicas, y dependiendo de cuándo se lleve a cabo la misma, en el periodo de los próximos cuatro años que dura el convenio, el incremento salarial acumulado puede oscilar entre el 11% y el 15%, temiendo -además- diferencias entre las provincias de la comunidad.
En el mejor de los escenarios previstos -licitándose el servicio en este 2023-, el incremento salarial será de un 3% este año, a pesar de haber tenido el sueldo congelado durante varios años, y un incremento del 2,1% en los dos últimos años, explica CSIF, lo que supondrá una pérdida del poder adquisitivo de más del 5% solo en este primer año de aplicación del nuevo convenio, y con previsiones de que la inflación continúe alta en 2023.
Este sindicato independiente lamenta que este quinto convenio que se ha firmado sea incapaz de mantener el poder adquisitivo de las más de 5.600 trabajadoras de la ayuda a domicilio – muy mayoritariamente mujeres-, que tienen un nivel salarial bajo. Además, tampoco ha logrado igualar el convenio nacional, que prevé una subida del 6,5% para este año.
Csif insiste en la necesidad de mejorar las “penosas” y “precarias” condiciones laborales de un sector “abandonado a su suerte, muy duro y que todavía permanece invisible a los ojos de las administraciones, cuando cumple un papel social importantísimo y esencial, en una sociedad en la que cada vez hay más personas mayores que necesitan cuidados”.
Unas atenciones de las que deben corresponsabilizarse las diferentes administraciones públicas, junto con las empresas, para que la dependencia no sea una ley vacía, sino que realmente atienda y cumpla sus objetivos, y para que las trabajadoras de la ayuda domiciliaria cuenten con unas condiciones laborales y unos salarios dignos.
