La Asociación de Empresarios TIC de Salamanca (Aestic) alerta del sobrecoste que implicará para las pymes y autónomos la nueva ley “Crea y Crece”, que obligará a las empresas a utilizar la factura electrónica y cuyo desarrollo reglamentario no contempla el despliegue de ninguna plataforma pública y gratuita para la emisión de facturas electrónicas, lo que obligará a la contratación de este servicio de manera privada.
“La actual redacción de esta norma es especialmente negativa para tejidos empresariales como el de Salamanca, en el que la mayoría de las empresas son pymes y autónomos. Nos podemos encontrar que para emitir nuestras facturas estemos obligados a contratar una plataforma privada, lo que supone un coste adicional directo”, explica el presidente de Aestic, Agustín Lorenzo.
De acuerdo con los datos de los operadores privados de facturación electrónica analizados por CONETIC (la patronal nacional de los empresarios TIC) el coste medio de emisión de facturas electrónicas para las empresas es de unos 300 euros al año, más servicios adicionales. Este coste es notablemente inferior al de emisión de facturas en papel, pero más caro que el uso de una plataforma pública gratuita.
Es por ello, que desde Aestic se solicita que el reglamento que desarrolle la ley “Crea y Crece” establezca explícitamente la posibilidad de usar una plataforma pública y gratuita para la entrega y recepción de las facturas electrónicas y que no sea obligatoria la contratación de un servicio de intermediación con empresas de mensajerías privadas.
Para Aestic, además la norma plantea un sistema de facturación ineficiente para las empresas, que complica tramitación en vez de simplificarla, al tener que usar dos modelos de entrega de facturas diferenciadas en función de si el cliente es público, para el que se cuenta con la plataforma FACe, o privado.
“Creemos que lo más adecuado es implantar un sistema de facturación electrónica integrado y gratuito, que nos permita simplificar procesos y mejorar la gestión, lo que redundará en un ahorro de costes, al incorporar las facturas recibidas a sistemas informáticos de forma automática y sin errores y eliminando, además, la presentación de registros fiscales, como el SII, a la Agencia Tributaria”, señala Agustín Lorenzo.
Desde Aestic, además, se advierte que la actual redacción del reglamento implica un riesgo en la protección de nuestros datos fiscales y de facturación al tener que hacerlo a través de un intermediario. “Al emitir la factura, ponemos en manos de terceros, nuestros datos fiscales y de facturación, sin que la actual redacción de la ley contemple la protección de los mismos ante ataques a la información o las indemnizaciones ante el uso indebido de los datos de las factura por parte de terceros”, señala Agustín Lorenzo.
