El juez José Castro ha dejado en evidencia al fiscal y a la abogacía del Estado y ha decidido finalmente sentar en el banquillo a la Infanta Cristina, acusada de dos delitos fiscales, como cooperadora necesaria de los que cometió su marido, Iñaki Urdangarin, en 2007 y 2008.
Castro, en contra de lo que pedían el fiscal y la defensa, no aplica la doctrina Botín que libró al expresidente del Banco Santander de sentarse en el banquillo pro las cesiones de crédito en 2007, debido a que como no acusaron el fiscal, ni las acusaciones particulares y no se lesionó el interés general no se admitió la acusación popular.
El juez, además, pide para la Infanta una multa de 2,6 millones de euros en concepto de responsabilidad pecuniaria, frente a los 600.000 que pedía el fiscal para devolver lo que disfrutó del dinero defraudado por su marido.
El juicio podría celebrarse en el segundo semestre de 2015.
