La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha exculpado a Begoña Gómez de las sospechas iniciales sobre la creación de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ha confirmado que no existen ingresos opacos en sus cuentas bancarias. Sin embargo, el instituto armado pone el foco en la contratación de la consultora Deloitte para el desarrollo de un programa informático, asegurando que la adjudicación estuvo «premeditada» y se diseñó para darle una «apariencia de legalidad» a unos servicios que ya se estaban prestando de antemano.
La UCO ha remitido al juez Juan Carlos Peinado un exhaustivo informe de más de 300 páginas que debilita parte de los indicios por los que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
El documento policial se divide en dos bloques nítidos: el análisis normativo y económico de la cátedra extraordinaria, y la fiscalización de los contratos tecnológicos vinculados a ella.
La normativa y la cátedra
La investigación de los agentes concluye que la cátedra codirigida por Begoña Gómez se constituyó siguiendo los cauces legales establecidos por la Universidad Complutense de Madrid.
El informe constata que la cátedra se nutre exclusivamente de colaboradores privados que aportan fondos económicos, los cuales constituyen su única vía de ingresos. Tras revisar los movimientos financieros de Gómez, la UCO certifica que no se ha detectado ninguna entrada de dinero opaco o sin justificación en el patrimonio de la investigada.
La relación con los patrocinadores y el desarrollo del programa informático Transforma TSC (Plataforma de medición de impacto Social y Medioambiental) se ajustaron a la normativa común de la universidad en su condición de Administración pública.
Las adjudicaciones a Deloitte
El escenario cambia drásticamente a partir de la página ocho del atestado, donde los agentes analizan los expedientes otorgados a la consultora Deloitte para el desarrollo del mencionado software. La UCO sostiene que el proceso administrativo fue una simulación para encubrir una decisión tomada de antemano.
Según el informe, la participación de Deloitte comenzó antes de que se iniciaran los concursos públicos. Los agentes destacan que las condiciones de los pliegos, incluido el precio final, se «amoldaron» a los requisitos predefinidos entre la consultora y la propia cátedra. Para sustentar los pagos, se tramitaron dos expedientes: un contrato menor y un procedimiento abierto simplificado. La Guardia Civil concluye que se solicitaron ofertas de forma simulada, limitando la competencia del resto de licitadores para beneficiar directamente a esta empresa.
La prueba clave que maneja la UCO es una cadena de mensajes del 19 de octubre de 2022. En esos correos, Begoña Gómez perfilaba unas tareas que, pese a no estar totalmente definidas, coincidían de forma exacta con los servicios que luego asumiría la consultora.
La secuencia cronológica de estos correos demuestra, a ojos de los investigadores, que el contacto con Deloitte no nació a raíz de la licitación oficial, sino que la empresa ya se encontraba trabajando en el proyecto mucho antes de que se formalizara el marco administrativo. Esto provocó, según el documento, graves discordancias entre los plazos de ejecución reales y los que figuraban en los contratos oficiales.
