La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dado la razón a Iberdrola en su litigio con el Gobierno por el bono social. De esta manera, el Estado deberá indemnizar a la eléctrica con otros 200 millones de euros por haber soportado el mecanismo de la financiación del bono social.
El Estado deberá indemnizar con otros 200 millones de euros a Iberdrola por el coste que soportó la eléctrica en el mercado libre por el bono social. La eléctrica reclamaba su derecho a ser indemnizada con esa cantidad alegando que las comercializadoras de precio libre habían soportado el mecanismo de financiación del bono social.
Pese a que el Supremo falló a favor de la energética, sugirió problemas en la fase de ejecución de la sentencia. Por su parte, desde el Ejecutivo aceptaron el abono de la indemnización por la financiación de las comercializadoras de Iberdrola en el mercado regulado, pero se negó a pagar la parte correspondiente al mercado libre.
Desde la Secretaría de Estado de Energía alegaban un informe de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), donde se indicaba que la indemnización a las eléctricas “implicaría un enriquecimiento injusto”, ya que el coste del bono social se repercutía implícita o explícitamente en el consumidor.
Pese a ello, los magistrados del Supremo consideran que el informe de la CNMC “se limita a manifestar conjeturas, pero sin presentar ninguna prueba al efecto, y esa falta de pruebas lleva a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia a presunciones que carecen de respaldo probatorio objetivo”.
Por todo ello, el alto tribunal ha reconocido a Iberdrola a recibir una indemnización de 183,4 millones de euros por las cantidades del bono social soportadas por su comercialización libre. Asimismo, le reconoce su derecho a percibir otros 17 millones por su inversión destinada a implantar y aplicar el procedimiento del bono social (descontando lo que repercutiera a los clientes).
