La plataforma Cuidamos Villamayor ha presentado 1.557 alegaciones contra la planta de hidrógeno verde que está previsto instalar en Doñinos de Salamanca, dado que su instalación podría causar “riegos” en la salud de los ciudadanos, tanto en la capital como en el alfoz, según denuncia la asociación vecinal. A la cifra facilitada este jueves hay que sumar las alegaciones que se hayan podido tramitar de forma telemática a través de RedSara.
Del total, un el 71%, es decir, 1.105, han sido presentadas por vecinos que residen en la localidad, mientras que el resto proceden de la capital y otros puntos del alfoz. El proceso de recogida comenzó varias semanas y, el pasado viernes, se habían reunido ya unas 300.
Los vecinos consideran que la planta estará «demasiado próxima a la ciudad de Salamanca y su alfoz, con el riesgo para la salud que ello conlleva». Además, «el consumo de agua que necesita esta planta para la producción del hidrógeno dejaría en este momento sin agua a la población de Doñinos, que ya tiene problemas en el abastecimiento de agua potable», según denuncian.
«La energía que se consume en esta planta, que debería ser energía renovable para poder optar a los fondos Next Generation de la EU, queda en entredicho», agrega la plataforma. Las alegaciones contienen un puto sobre riesgos para la salud y, a este respecto, lo que se reivindica es el cumplimiento de la Norma Seveso, de 2015, relativa a «medidas de control por riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, pues la capacidad de producción y almacenamiento supera con creces lo que establece esta norma». La planta de hidrógeno verde podría causar también «posibles daños ambientales, del ecosistema, y de yacimientos arqueológicos».
El plazo de presentación de alegaciones terminó el pasado día 28 y, en cuanto a los motivos para su recogida, Cuidamos Villamayor explica que “no existe un rechazo a este tipo de industrias por parte de nuestra plataforma, como tampoco de otras que han surgido tanto en Salamanca como en otras provincias de la Comunidad”. Sin embargo, reclaman “un desarrollo ordenado de este tipo de industrias, así como la elaboración y aplicación de una normativa legal que regule la implantación de estas instalaciones, una normativa que no puede limitarse a velar por el interés de las empresas promotoras, sino que también debe proteger la salud y el entorno de los ciudadanos que queremos seguir viviendo en nuestros pueblos”.
La plataforma agradece el apoyo de los ciudadanos, así como del funcionariado que ha tramitado los cientos de documentos.
