Explicaba la semana pasada en esta columna que la pseudocontroversia entre universidades públicas y privadas es una cortina de humo, porque el verdadero debate debe girar en torno a la calidad de los proyectos docentes e investigadores de las distintas universidades, sean estas públicas o privadas.
La enseñanza universitaria es una competencia de las CCAA y la financiación de las universidades forma parte de esas competencias. Las partidas presupuestarias destinadas a las universidades públicas han sufrido recortes constantes que han producido la congelación o reducción de la plantilla docente, la paralización de proyectos de investigación y el deterioro de infraestructuras y equipamientos, medidas que han impactado negativamente en la calidad docente e investigadora, disminuyendo la capacidad para retener y atraer talento y en la calidad de la formación de sus alumnos. Aunque ha sucedido en toda España el proceso es especialmente llamativo en las comunidades de Madrid y Andalucía cuyas conferencias de rectores han manifestado públicamente que se le aboca al cierre por insolvencia económica y, posiblemente por ello, las universidades madrileñas y andaluzas han sido las primeras en denunciar esta situación.
Paralelamente en los últimos años se ha promovido la expansión de instituciones privadas de dudosa calidad, a la vez que para favorecerlas reducían, de forma significativa, los recursos destinados a las universidades públicas. Esta dinámica que responde a una estrategia deliberada de debilitamiento de lo público para favorecer intereses privados, ha generado un intenso debate sobre la equidad y la calidad de la educación superior en España y comienza a ser contestada públicamente, sea en forma de manifiestos de los rectores, encierros de profesores y alumnos en la Complutense, concentraciones ante el rectorado, o la huelga general universitaria convocada para el próximo 28 de abril en la Comunidad de Madrid.
La concesión de licencias y autorizaciones para la creación de nuevas universidades privadas ha proliferado sin control. Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades, hace 25 años, se han creado en España 25 universidades privadas, una cada año. El caso más extremo es Madrid con 6 públicas y 12 privadas (otras cuatro privadas están pendientes de autorización). La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que representa tanto a universidades públicas como privadas, cree que detrás del crecimiento de la oferta privada están «las limitaciones presupuestarias y administrativas» que han sufrido las universidades públicas en los últimos quince años. El gasto en instituciones de educación superior españolas es un 20,7% inferior al promedio de la OCDE. La Comunidad de Madrid, por ley, debería invertir el 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) en la universidad pública y no llega al 0,5%.
El principal problema es que, en ciertos casos, algunas instituciones no cumplen con los requisitos mínimos exigibles de calidad que estableció el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de Creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. Existe la percepción de que algunos gobiernos autonómicos ejercen un control laxo o incluso favorecen la aprobación de estos proyectos, bajo argumentos de diversificación de la oferta educativa o de competencia en el sector universitario, pero este tipo de universidades privadas no se han creado por altruismo ni con un sentido de garantizar el derecho a la educación superior de la población, sino en función de criterios ideológicos, de clase y de rentabilidad económica.
La consecuencia inmediata de este escenario es doble. Por un lado, se deja a las universidades públicas en una situación de progresiva precariedad, con serias dificultades no solo para cumplir con los estándares de excelencia que se les demanda sino incluso para subsistir. Por otro, el crecimiento de universidades privadas con “garantías limitadas” se traduce en titulaciones que pueden no contar con la solidez académica suficiente, poniendo en entredicho la formación y la validez de los títulos emitidos.
Además, cabe destacar el perjuicio que todo ello ocasiona a la reputación del sistema universitario español en su conjunto. La existencia de un desequilibrio entre criterios de calidad para unos y para otros pone de manifiesto la existencia de un doble rasero en la supervisión y evaluación de las instituciones de educación superior. A la larga, esta disparidad afecta también a las universidades privadas con solvencia académica reconocida, al verse empujadas a competir en desventaja, y cuyo prestigio también puede verse manchado si el sector termina asociado a la idea de poca rigurosidad.
Por ello, es imprescindible y urgente un replanteamiento riguroso del marco regulador. Deben aplicarse controles homogéneos y estrictos que garanticen que todas las instituciones, independientemente de su titularidad, cumplan con los mismos estándares de calidad docente, investigadora y de equipamiento, y se sometan a los mismos controles de las agencias reguladoras.
A su vez, es fundamental proteger la financiación y la estabilidad de las universidades públicas, de modo que puedan continuar siendo un motor de generación y transmisión de conocimiento, así como un referente en la formación de futuros profesionales. Solo exigiendo igualdad de condiciones y promoviendo la excelencia para todas las entidades de educación superior se podrá mantener un sistema universitario sólido, reconocido internacionalmente y verdaderamente accesible para el conjunto de la sociedad, algo que solo las universidades públicas garantizan.
El problema tiene otras muchas aristas que no han sido abordadas en estas dos columnas dedicadas al tema, pero conviene no perder de vista el meollo del debate al respecto que se avecina en España en los próximos meses y en el que se van a mezclar bulos y demagogia para justificar una situación absolutamente injustificable: el deterioro intencionado de la universidad pública para favorecer a pseudouniversidades privadas.
El verdadero debate debe girar en torno a aquellos aspectos que garanticen una enseñanza universitaria de calidad y una accesibilidad al sistema que no esté basada en criterios económicos. La próxima semana plantearemos en esta misma columna algunas de las medidas fundamentales en mí opinión.
Miguel Barrueco, médico y profesor universitario
@BarruecoMiguel.
