La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un individuo a un año y un mes de prisión (el fiscal solicitaba tres años) y a pagar una indemnización de 25.000 euros al salmantino que estafó, cobrándole por adelantado la vivienda unifamiliar modular que le iba a construir en una parcela de Sando y que jamás vio la luz.
Los hechos ocurrieron a mediados de 2019, cuando el procesado dueño de la empresa albaceteña MF Montajes, Reparaciones y Servicios se comprometió a fabricar la vivienda modular. El salmantino le dio 20.300 euros en tres plazos para que ejecutara los trabajos.
La obra debía ejecutarse en un plazo de pocos meses, pero, a pesar de haberse iniciado algunos pequeños trabajos de la obra, como la cimentación y acometidas de agua y desagüe en la parcela en la que se iba a instalar la vivienda contratada, (cimentación realizada en gran medida por la víctima), la instalación no se inició y la obra quedó abandonada.
Pasados los meses y tras la pandemia de la Covid 19, tampoco se retomó en junio de 2020 y la empresa del acusado tampoco devolvió cantidad alguna a su víctima, al que le dieron pretextos para no realizar los trabajos de instalación de la vivienda modular como que ahora era necesario un proyecto de obra mayor y la licencia municipal de obras, cuando al firmar el contrato, el acusado nada le previno sobre ello.
No obstante, el salmantino contrató los servicios de un arquitecto para que se lo realizara (abonándole, por ello, la cantidad de 1.768 euros) y, además, obtuvo y pagó por la concesión de licencia de obra al Ayuntamiento de Sando la tasa de licencia municipal de obras, que le costó 552.
Pese a ello, el empresario no inició la instalación de la vivienda. Tras aparentar en mayo de 2019 que iba a cumplir lo acordado, realizando algún trabajo mínimo en la parcela de su víctima, como colocar una fila de ladrillos en la cimentación, «nunca tuvo intención de llevar a cabo y finalizar debidamente los trabajos de instalación pactados y suscribió con aquel tal contrato con el propósito de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial», indica el fallo.
