El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma estructural del Reglamento de Extranjería que permitirá regularizar a medio millón de personas en situación administrativa irregular. El Ejecutivo ha calificado la medida como una «urgencia social» destinada a integrar formalmente en el sistema productivo a ciudadanos que ya residen y forman parte de la sociedad española.
Calendario y plazos
El proceso de solicitud se habilitará de forma escalonada para evitar el colapso administrativo:
- 16 de abril de 2026: Apertura del plazo para presentaciones por vía telemática.
- 20 de abril de 2026: Inicio de la atención presencial, en las sedes de la Seguridad Social.
- 30 de junio de 2026: Fecha límite para la presentación de solicitudes.
Nuevas figuras de arraigo y requisitos
La reforma introduce dos vías principales para obtener los permisos de residencia y trabajo:
- Arraigo extraordinario: Para extranjeros que estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026.
- Protección internacional: Una figura específica para solicitantes de asilo con peticiones presentadas antes de 2026 y aún no resueltas.
Para acceder a estas autorizaciones, los interesados deberán acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el país y carecer de antecedentes penales tanto en España como en sus países de origen. Una de las principales novedades es que el solicitante quedará habilitado provisionalmente para trabajar desde el momento en que se comunique el inicio de la tramitación.
Un despliegue logístico sin precedentes
Para gestionar el volumen de expedientes, el Gobierno ha diseñado un operativo especial que cuenta con el apoyo de entidades públicas:
- Correos: Su red nacional servirá como punto de información y recepción de solicitudes, facilitando el trámite a residentes en zonas rurales.
- Grupo Tragsa: Prestará apoyo técnico y gestión material de los documentos.
- Refuerzo de personal: Se han habilitado 450 oficinas de atención y se ha contratado a más de 600 personas adicionales para este proceso.
Sostenibilidad y economía
Desde Pekín, el presidente Pedro Sánchez ha defendido la norma como una decisión tanto moral como práctica, señalando que cuenta con el respaldo de la Iglesia y la patronal ante la necesidad de mano de obra. El texto justifica la medida por razones demográficas, citando informes del FMI y el Banco de España que subrayan que el país necesita entre 200.000 y 250.000 migrantes anuales hasta 2050 para sostener el Estado del Bienestar y el sistema de pensiones.
A finales de 2025, los trabajadores extranjeros ya representaban el 14,1% de la afiliación a la Seguridad Social, con más de 3,1 millones de cotizantes. Con esta regularización, el Gobierno busca combatir la economía sumergida y fortalecer la recaudación tributaria.
