CCOO acusó este lunes a Correos de “improvisar” en el proceso de regularización de migrantes y exigió refuerzos urgentes de plantilla de al menos un 30 por ciento. A su juicio, la empresa pública Correos “no ha estado a la altura de la importancia del proceso, ni de la responsabilidad asumida como operador público, ni del respeto que merecen sus profesionales”, para el desarrollo de una regularización que “responde a una realidad estructural del país: ordenar el mercado de trabajo, aflorar economía sumergida, reforzar las cotizaciones a la Seguridad Social y garantizar derechos a las personas migrantes”.
Ical.- En el caso de Valladolid, el despliegue del proceso “evidencia claramente” las limitaciones del modelo adoptado por la empresa. Se han habilitado cuatro oficinas en turno de mañana y tarde, una “escasa red que está concentrando la carga de trabajo, generando sobrecarga en la plantilla, que atiende simultáneamente las regularizaciones y la actividad normal, y alejando el servicio de las personas que lo necesitan”.
CCOO consideró que “se ha perdido una oportunidad clara de aprovechar la capilaridad de Correos”. La empresa dispone de más de 2.300 oficinas y presencia en los 8.000 municipios del país, con más de 10.000 empleados públicos en su red, lo que la convierte en la mejor herramienta para garantizar el acceso a este proceso.
Sin embargo, se ha optado por un modelo restrictivo, “limitando el despliegue a unas 350 oficinas en turno de mañana y 329 en turno de tarde, con apenas 1.500 trabajadores implicados”. El sindicato había propuesto habilitar en torno a 1.500 oficinas en municipios de más de 5.000 habitantes, donde se concentra el 85 por ciento de la población, lo que “habría permitido acercar el servicio a la ciudadanía”. “Se ha hecho justo lo contrario: concentrarlo y alejarlo de quienes lo necesitan”, lamentó.
Para CCOO, “el problema no es la medida, sino su implementación por parte de la dirección de Correos”. “El proceso se ha puesto en marcha tarde, mal, con retraso, opacidad e improvisación, pese a que era conocido desde hace meses. La falta de planificación se está traduciendo en una implantación sin los recursos humanos, técnicos y organizativos necesarios, con plantilla insuficiente, formación claramente deficiente, carencias materiales y utilización de sistemas complejos como Mercurio sin la formación adecuada”, reprochó.
A ello se suman, prosiguió CCOO, “errores relevantes” en la información facilitada, con “incongruencias” entre la guía, los formularios, la web y la normativa vigente. Asegura que se traslada información confusa sobre los plazos, que puede llevar a interpretar que existe un año para solicitar cuando el plazo real finaliza el 30 de junio, “mezclando el plazo de solicitud con la duración de la autorización”.
También se han detectado requisitos incorrectos, como la exigencia de vínculos familiares en supuestos donde no son aplicables, así como la confusión entre contrato de trabajo real y compromiso de contratación. “Estos errores no son menores, ya que pueden afectar directamente a la tramitación y a los derechos de las personas migrantes”, dijo.
