Informes internacionales denuncian que la política de “mano dura” de Bukele ha derivado en detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
En El Salvador el relato oficial es claro: las calles hoy son más seguras que hace unos años. El gobierno de Bukele presume con orgullo la reducción de delitos y el debilitamiento de las pandillas. Sin embargo, tras esa narrativa, expertos señalan una realidad mucho más compleja e inquietante: el uso de violaciones graves de derechos humanos como herramienta de control social.
Desde marzo de 2022, el país vive bajo un régimen de excepción que, lejos de ser temporal, se ha convertido en una forma permanente de gobierno. Según el informe elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES), existen “bases razonables” para sostener que se han producido asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y detenciones arbitrarias como parte de una política sistemática contra la población civil.
En este contexto, la detención se ha convertido en una herramienta indiscriminada. Esta situación, como cabe esperar, no cesa con el arresto. Las cárceles salvadoreñas son brutales, habiendo demostrado en diversas ocasiones sus condiciones inhumanas. Hablamos de prácticas sistemáticas de torturas, vejaciones, violencia psicológica e incluso privación de alimentos, agua, o atención médica.
El supuesto éxito del modelo de Bukele en la reducción de homicidios ha sido ampliamente difundido, tanto dentro como fuera del país. Pero la pregunta clave es otra: ¿puede considerarse éxito una política que sacrifica derechos fundamentales?
El derecho internacional es claro: ni siquiera en contextos de emergencia pueden suspenderse derechos humanos esenciales: la prohibición de la tortura o de las desapariciones forzadas no decae y el derecho a la vida es esencial en cualquier situación.
Desde Amnistía Internacional advierten de una deriva autoritaria preocupante, en la que se llevan a cabo detenciones sin base legal, muertes sospechosas bajo custodia, y represiones de protestas pacificas con un uso abusivo de fuerza. No son casos aislados. Se señalan más de 85.000 detenciones arbitrarias y cerca de 400 muertes bajo custodia estatal.
El modelo salvadoreño está siendo observado (y peligrosamente admirado por algunos), pero su exportación plantea riesgos evidentes. La conclusión es inequívoca: la seguridad no puede construirse sobre la vulneración sistemática de derechos. No criticamos la lucha contra la violencia, pero esta lucha siempre debe llevarse a cabo dentro de un marco legal y unas garantías fundamentales. La conclusión es clara, no hay seguridad legítima sin respeto a la dignidad humana. La lucha contra el crimen es una obligación del Estado, pero dentro del marco de la democracia. Aún así, una democracia no se mide por su capacidad de reducir la violencia, sino por su compromiso de proteger a todas las personas.
Por. Sofía Pérez Fernández, defensora de los Derechos Humanos
