La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado formalmente su absolución en el caso de que la causa finalmente llegue a juicio con jurado popular. En su escrito de conclusiones provisionales, el letrado Antonio Camacho sostiene que los hechos investigados «no son constitutivos de delito alguno» y denuncia la «mala fe» y la «temeridad» de las acusaciones populares por instrumentalizar el proceso judicial con fines políticos.
El escrito de la defensa recalca que la vinculación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) comenzó en el año 2012, una fecha en la que su cónyuge, Pedro Sánchez, no ocupaba ningún cargo de responsabilidad pública ni en su partido ni en el Ejecutivo.
Asimismo, detalla que Gómez mantuvo en paralelo su actividad privada en la empresa Inmark, la cual abandonó voluntariamente tras la llegada de su marido a la Presidencia del Gobierno en 2018, precisamente para «evitar cualquier conflicto de intereses». Según el documento, la codirección de la cátedra extraordinaria en 2020 fue una propuesta de la propia universidad que no conllevaba retribución económica ni exigía titulación académica previa.
La defensa
El letrado de Gómez desmonta de forma pormenorizada los cuatro presuntos delitos que le imputa el juez instructor Juan Carlos Peinado (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación):
- El software de la UCM: La defensa asegura que la herramienta tecnológica se financió con aportaciones de empresas privadas que se integraron directamente en el patrimonio de la universidad. Dado que el programa informático no llegó a terminarse ni a utilizarse, insisten en que la UCM «no ha sufrido perjuicio patrimonial alguno».
- Relación con Juan Carlos Barrabés: El texto aclara que el papel del empresario investigado se limitó a impartir de forma puntual alguna clase en el máster, descartando cualquier tipo de intervención en la creación o el desarrollo de la cátedra.
- El papel de su asesora institucional: Respecto a la labor de Cristina Álvarez, la defensa justifica el uso de esta asistencia -común en las cónyuges de los presidentes desde el inicio de la democracia- y matiza que el envío de correos electrónicos fue «ocasional» y «muy limitado», sin menoscabar recursos públicos.
- Petición de costas por «mala fe»: La representación de Gómez acusa directamente a las organizaciones que ejercen la acusación popular, como Hazte Oír, de buscar exclusivamente un «daño reputacional» y una «presión» mediática, por lo que solicita que sean condenadas a pagar las costas del juicio.
Este escrito se produce después de que, a principios de este mes, el juez Juan Carlos Peinado rechazara los recursos para archivar la investigación y confirmara su intención de enviar a Begoña Gómez, a su asesora y al empresario Juan Carlos Barrabés ante un tribunal de jurado.
Pese a que la instrucción judicial se dio por cerrada formalmente el pasado mes de abril, la defensa insiste en que lo jurídicamente procedente sigue siendo el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por carecer de base indiciaria desde su origen.
