Opinión

¿Hasta dónde van a hacer?

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Cuando la política se sale de la confrontación ideológica legítima para adentrarse en la lógica del enemigo a batir (algo similar a lo que ocurre en lo interno de los propios partidos políticos), la democracia se tambalea.

La reactivación por parte de la derecha de la ya célebre consigna de José María Aznar: “El que pueda hacer que haga”, no es un simple eslogan de oposición, más o menos afortunado. Desde un punto de vista progresista, representa un síntoma, o un deseo, de degradación institucional, un llamamiento a sobrepasar cualquier cauce democrático para desgastar, por cualquier vía posible a un Gobierno legítimo (Espero que a ninguno de mis lectores le quede duda de la legitimidad de este gobierno).

El verdadero peligro de este reclamo radica en su ambigüedad pues apela a que cada actor social, judicial o mediático actúe según sus posibilidades para frenar una supuesta «situación de ilegalidad de un Gobierno». Algo así como una guerra total y en todos los frentes posibles: guerra judicial, difamación pública utilizando medios de comunicación convencionales o incluso otros creados Ad Hoc, generación interesada de corrientes de opinión… Todos ellos, centrados en un único objetivo que no es otro que destruir civilmente a los adversarios políticos. Y, es que cuando un expresidente sugiere que el fin justifica los medios, se envía un mensaje claro a la ciudadanía: las normas de convivencia ya no importan.

Este tipo de estrategias tiene un coste altísimo en cuanto a la desafección política y por ende para la salud democrática de un país. El ciudadano de a píe pasa, no a posicionarse, sino al hartazgo. Cansancio al ser bombardeado continuamente con mensajes que le transmiten que las instituciones están secuestradas por intereses partidistas y su opinión y posicionamiento no sirve para nada.

Así, la política deja de ser vista como una herramienta de transformación social para mejorar la vida de la gente y pasa a verse como un fango exclusivo de los partidos políticos que pelean por el control del Estado, por sus prebendas y por sus propios intereses. La población comienza a perder confianza en el sistema y cada proceso electoral le produce una apatía mayor.

Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. Lo que hoy vemos en España es el fiel reflejo de dinámicas que ya han causado estragos en otras partes del mundo. En Estados Unidos, la retórica del asalto constante a las instituciones (alimentada por el trumpismo bajo la premisa de que el sistema estaba «corrupto») ha erosionado de tal forma la confianza pública que actualmente se cuestiona en muchos sectores el funcionamiento del propio sistema electoral y está generando fracturas sociales que se abren más día a día.

En América Latina, la judicialización de la política y el acoso político (tanto por razón de etnia, clase social o sexo) han destruido sistemáticamente la estabilidad institucional de varios países, dejando un terreno abonado para el mesianismo disfrazado de religión salvadora y los discursos antipolítica.

Mirando a Brasil o al Reino Unido se observa el mismo patrón. En todos ellos y también en España, cuando la derecha tradicional adopta tácticas de tierra quemada para recuperar el poder, la democracia se debilita y el descontento lo termina capitalizando la extrema derecha.

Desde la izquierda tenemos el deber de denunciar, de poner negro sobre blanco y frenar esta deriva irracional. No se trata de hacer intocable al Gobierno a ningún tipo de crítica, sino de proteger las reglas del juego. Reglas que tienen la importancia extrema de permitirnos convivir. ¿Hasta dónde van a hacer? Ahí debemos estar: luchando para evitar convertir la política en un lodazal que aleje a los ciudadanos de las urnas. Nuestra respuesta debe ser pedagógica en el sentido de una defensa férrea de la legitimidad institucional.

Si esta partida se pierde, el precio lo vamos a pagar todos y además con creces. No debe temblarnos el pulso para alejar cualquier elemento sospechoso de nuestras filas. A la política se va a servir, no a complementar el sueldo propio ni a tener el ego en perfecto estado de revista. Ya se dijo hace 21 siglos: La mujer del César, además de honrada, debe parecerlo.

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