El PP se pliega a Vox y asume la prioridad nacional en CyL

El Partido Popular y Vox sellaron este miércoles un acuerdo de gobierno “amplio” y “extenso” para los cuatro próximos años, que ofrece “estabilidad”.  Los líderes de PP y Vox en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán, definieron hoy la prioridad nacional, recogida en el acuerdo de ambos partidos para la conformación de un gobierno autonómico, como la “asignación prioritaria de recursos a quienes tienen arraigo real, verificable y efectivo con nuestra tierra”.

Así lo estipuló Mañueco, en declaraciones recogidas por Ical, durante la comparecencia ante los medios que ambos mandatarios celebraron hoy en las Cortes para dar cuenta del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones, y que en el ámbito de la prioridad nacional, recoge “el mismo texto que en Extremadura y Aragón”.

Mañueco aseguró así que lo que pretende el nuevo gobierno autonómico es realizar “una asignación prioritaria de recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable y efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León, siempre dentro del marco del ordenamiento jurídico y legal”.

Una idea con la que coincidió el líder de Vox en la Comunidad, Carlos Pollán, al señalar que “la prioridad nacional consiste en dar prioridad a las personas que tienen arraigo en Castilla y León, a las que necesitan que se les tenga en cuenta a la hora de recibir estas ayudas sociales y a la vivienda”.

En el acuerdo, esta circunstancia se ve consolidada en el apartado 10.8, donde figura que el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones se articula con el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación al territorio.

También se expone la exclusión del acceso a las prestaciones, así como a servicios sociales estructurales, para las personas que se encuentren en situación irregular, “limitando su acceso, exclusivamente, a supuestos de urgencia vital”; y la vinculación del acceso a las ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema.

Todo ello se pondrá en marcha desde el mismo arranque del nuevo gobierno autonómico, según figura en el documento, si bien, de forma paralela, la Junta también instará a la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 y “cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva” de las medidas planteadas en el acuerdo entre PP y Vox.

Mañueco, eso sí, aseguró que el concepto de prioridad nacional es un “criterio inspirador” pero que, después, “habrá que ir subvención a subvención, medida a medida”, para que esa prioridad se vaya “detallando y concretando”.

Plan de choque contra la política migratoria de Sánchez

En cuanto al motivo que llevó a la ruptura del anterior gobierno de coalición, relativo a la acogida de menores migrantes no acompañados en la Comunidad, ambos mandatarios señalaron que coinciden en su “rechazo a la política migratoria que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Para hacerle frente, se pretende poner en marcha un “plan de choque” contra esta política, máxime cuando Castilla y León, como precisó Mañueco, está por encima de su capacidad para acoger menores migrantes no acompañados, al contar con 130 plazas pero 186 menores en la actualidad.

Dicho plan de choque se despliega con las medidas recogidas en el apartado 10, referente a inmigración, que se inicia con el “rechazo frontal a la política del Gobierno central” desde el arranque de la legislatura autonómica.

Ello incluye la oposición “por todos los medios legales, jurídicos y políticos, a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, así como la elaboración de un plan de retorno y repatriación de la inmigración ilegal, promoviendo acuerdos con los países de origen, y la consignación presupuestaria para facilitar la realización de pruebas para la verificación de la edad de los migrantes ilegales.

Además, también se incluye en el documento firmado por PP y Vox la supresión total de las subvenciones a las ONG que “favorezcan la inmigración ilegal”, desde el primer presupuesto autonómico que apruebe el nuevo gobierno, y la realización de una auditoría anual de todos los gastos vinculados a la migración.

Asimismo, el acuerdo contempla que la Junta no habilite ningún nuevo centro de acogida para migrantes ilegales durante la legislatura ni ampliar las plazas en los ya existentes; endurecer el régimen interno de los centros de menores; y prohibir el uso del burka y el nicab en los espacios públicos.

En todo caso, el futuro presidente de la Junta aseveró que el acuerdo sellado entre PP y Vox está hecho “para mirar al futuro, no al pasado”, y que ambas formaciones se han puesto de acuerdo “entendiendo el mensaje que nos han trasladado en las urnas las personas de Castilla y León”.

Reparto de carteras

La Junta de Castilla y León estará conformada en esta XII Legislatura por dos Vicepresidencias, la primera para Vox adscrita a una consejería y la segunda para el PP, con competencias, pero sin cartera. Además, los ‘populares’ dirigirán siete departamentos y los de Santiago Abascal los tres restantes, referidos a Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y Cultura, Turismo y Deporte. De este modo, el ejecutivo tendrá 12 miembros, de los que nueve serán del PP, frente a las tres que representarán a Vox.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la investidura como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, futuro vicepresidente primero, informaron en una comparecencia conjunta en las Cortes sobre el contenido del acuerdo de gobierno, el segundo que suscriben ambos partidos y que ve la luz 80 días después de las pasadas elecciones autonómicas del 15 de marzo. 

En concreto, el nuevo Consejo de Gobierno estará formado por 12 personas, el propio Fernández Mañueco y dos vicepresidentes, el primero que será Carlos Pollán, que además dirigirá una de las tres consejerías de Vox, y otro dirigente del Partido Popular que en la Vicepresidencia Segunda se encargará de las competencias de Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

Asimismo, el Partido Popular gestionará en el nuevo gabinete conjunto con Vox las consejerías de la Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Comercio, Universidades y Empleo; Medio Ambiente y Energía, Sanidad y Bienestar Social; Educación, y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. En cambio Vox asume las consejerías de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y Cultura, Turismo y Deporte. 

Este nuevo gobierno de diez consejerías, como marca la legislación autonómica, supone un pequeño retoque frente al diseñado en 2022, cuando PP y Vox firmaron su primer pacto de gobierno en Castilla y León. Entonces solo se creó una Vicepresidencia, que fue para Juan García-Gallardo, que no tenía competencias, y Vox tenía tres carteras -Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Industria, Comercio y Empleo y Cultura, Turismo y Deporte-.

Ahora, no gestionarán el área de Industria y asumirán la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, pero sin igualdad de oportunidades que es para el PP y que pasa a estar radicada en la Vicepresidencia Segunda. Por su parte, el Partido Popular recupera las competencias en Industria, Comercio, Universidades y Empleo, pero cede parte de las referidas a la actual Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Reajuste de competencias

En su exposición, Fernández Mañueco aclaró a preguntas de los periodistas la estructura del futuro gobierno, pero sin dar nombres, salvo para nominar a Carlos Pollán, que estaba a su izquierda como futuro vicepresidente primero. Así, no quiso aclarar quién será el vicepresidente o vicepresidenta segunda, aunque sus competencias se asemejen a las que tenían ahora la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Al respecto, el presidente del PPCyL explicó que se ha producido un “reajuste” en la distribución de competencias en el nuevo ejecutivo de coalición. Así, señaló que la gestión del operativo contra incendios forestales permanecerá en Medio Ambiente y Energía. Igualmente, señaló que la Política Ambiental que pasa a Agricultura se centrará en la evaluación de proyectos y en los programas de educación ambiental.

Además, Carlos Pollán, como Fernández Mañueco, señalaron que el departamento de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales llevará la “carga” de las políticas de juventud, inclusión social, cooperación al desarrollo, infancia, menores e inmigración. También, la cartera de Agricultura llevará incluidas las competencias de caza y pesca