La investigación judicial en torno a las presuntas maniobras para desestabilizar los procesos judiciales que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al PSOE apunta a la cúpula socialista. Según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante Leire Díez lideraban una trama "cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".
Infraestructura y financiación desde Ferraz
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tras levantar parcialmente el secreto de sumario este lunes, dibuja una estructura jerárquica de la minitrama que, según el instructor, operó al menos entre los años 2024 y 2025 "bajo el soporte del PSOE, mediante la puesta a disposición a través de Santos Cerdán de infraestructuras y soporte económico para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística".
Los investigadores sitúan la toma de decisiones en un esquema de tres niveles:
- Liderazgo compartido: Santos Cerdán y Leire Díez dirigían el grupo al mismo nivel de responsabilidad.
- Soporte operativo: El empresario Javier Pérez Dolset actuaba en un "escalafón inferior", ejecutando las directrices marcadas por Díez.
La Guardia Civil sitúa el nacimiento de esta presunta red de interferencia judicial en abril de 2024, coincidiendo cronológicamente con el periodo en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se retiró cinco días a reflexionar tras la denuncia judicial contra su esposa, Begoña Gómez.
Entre las pruebas que aporta la UCO se encuentra una captura de la agenda personal de Leire Díez intervenida por los agentes, en la que la exmilitante socialista dejó por escrito la frase: "Intentando contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe". Los investigadores no explican clave para qué, o si es solo clave para dar soporte a sus endebles hallazgos.
Contactos con mandos policiales y alusiones a "los de arriba"
El sumario de la causa recoge también la declaración como testigo del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba -imputado a su vez en el caso Koldo-. Villalba ha confirmado a la UCO que mantuvo dos reuniones con Leire Díez en marzo de 2025. Según su testimonio, la investigada se jactó de sus influencias políticas desde el primer momento (llegó a tener tres reuniones con la directora general de la Guardia Civil para preguntarle si la UCO estaba detrás de las filtraciones a la prensa de las primeras informaciones sobre su actuación en la sombra), presentándose como un enlace directo con "los de arriba del Gobierno" y con acceso al "one" (el número uno) tanto del partido como del Ejecutivo.
Durante esos encuentros, Díez quería recabar información sobre varias investigaciones en curso que afectaban al entorno socialista:
- Casos de hidrocarburos: Aseguró que existía una supuesta "connivencia" entre la UCO y la multinacional Repsol para perjudicar a competidores del sector, señalando directamente al teniente coronel Antonio Balas como parte de esa maniobra. Balas aparecería así supuestamente involucrado en un asunto comprometedor para su integridad.
- Caso mascarillas: La líder de la trama minimizó el alcance de la investigación sobre los contratos de la pandemia afirmando que "no tenía recorrido" y que era un montaje diseñado para conectar de forma artificial el caso Gürtel con otras causas. Algo que demuestra la poca información que manejaba la cabecilla de la trama.