El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha lanzado una ofensiva legal para invalidar los principales indicios que sustentan su investigación en el 'caso Plus Ultra'. Su defensa ha exigido a la Justicia que aclare cómo se obtuvieron dos elementos centrales para la causa: los mensajes del teléfono móvil del presidente de la aerolínea, interceptados en Estados Unidos, y un disco duro que contiene conversaciones privadas que apuntaban a presuntas maniobras para frenar las pesquisas.
La primera línea de defensa apunta directamente a las comunicaciones extraídas del teléfono de Rodolfo Reyes, presidente de Plus Ultra y actual prófugo con orden de arresto internacional. El magistrado instructor, José Luis Calama, pidió permiso a Estados Unidos para incorporar estos mensajes obtenidos por una agencia norteamericana.
Sin embargo, el equipo legal de Zapatero considera que no se pueden utilizar pruebas extranjeras a ciegas. Ante la negativa inicial del juez a investigar el origen de los datos, el expresidente ha presentado un recurso formal en el que exige a las autoridades estadounidenses que detallen las condiciones exactas en las que se realizó la extracción y el clonado del dispositivo, los mecanismos empleados para verificar que la información no fue alterada y la cadena de custodia ininterrumpida hasta la entrega del material a España.
La defensa advierte que admitir pruebas sin las garantías exigidas por la Constitución Española y los tratados europeos supone un riesgo constante para los derechos fundamentales. Por ello, el expresidente concluye que, si no se recibe la autorización y la explicación pertinente de las autoridades norteamericanas, todo el contenido del teléfono debe ser expulsado del procedimiento judicial.
El disco duro "Crucial" y las conversaciones del abogado
La segunda amenaza que el expresidente intenta invalidar es un disco duro bautizado en la investigación como "Crucial". Este dispositivo almacena, entre otra información, los chats privados de WhatsApp de Miguel Palomero, el abogado de confianza de la cúpula directiva. Según la Policía, en esos mensajes el letrado alardeaba de su supuesta amistad con la fiscal jefe del caso y proponía organizar un "Kitchen Gabinet" para neutralizar la investigación.
Para este caso, el abogado de Zapatero ha exigido a la Fiscalía Anticorrupción que demuestre y certifique en qué momento exacto se dictó la resolución judicial que autorizó a la policía a acceder y analizar ese disco. En el mismo dispositivo de almacenamiento también se volcaron los datos de otros dos investigados, Danilo Diazgranados y Gabriela Puente.
Para la defensa, confirmar que existió un aval judicial previo no es un mero formalismo burocrático, sino un paso imprescindible para garantizar que no se ha vulnerado el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones.
El rescate millonario bajo la lupa
Esta batalla por la validez de las pruebas forma parte de la compleja investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aprobado en 2021. Los tribunales tratan de esclarecer si la inyección de 53 millones de euros de fondos públicos estatales cumplió estrictamente con la legalidad o si, por el contrario, la empresa se benefició de una red de tráfico de influencias en las más altas esferas políticas.