En el debate político actual en España, uno de los conceptos que con más fuerza ha irrumpido en el tablero (sobre todo después de los tres últimos procesos electorales autonómicos) es el de la “prioridad nacional”, esto es que los recursos del Estado deben ir primero a los nacidos aquí (debidamente camuflado, entre otros, con el concepto de arraigo y plazos de empadronamiento...).
Ante este planteamiento, desde la izquierda española se ha caído en una trampa diseñada por la derecha extrema y la extrema derecha que consiste en que hemos aceptado ciertas reglas del juego: discutir cómo se reparte la miseria. En lugar de debatir el por qué existe esa miseria o esa escasez de recursos.
Para entender la situación en la qué estamos debemos hablar de la “agenda setting” o el poder de ciertos sectores de fijar los temas de discusión pública. La derecha ha logrado imponer un axioma falaz: el Estado del Bienestar es un juego de suma cero y bajo esta premisa, si un inmigrante accede a una vivienda pública o a una ayuda social, se la está “quitando” a un trabajador español de los de pura cepa.
La respuesta de la izquierda ha sido moralista o puramente asistencialista. Nos hemos enredado en una gestión de la escasez, intentando demostrar que los recursos alcanzan en mayor o menor medida para todos los vulnerables. Al hacer esto, se ha cometido un error de primero de estrategia que es validar el diagnóstico planteado. Se valida que, efectivamente, el pastel es minúsculo y que la política consiste en administrar las migajas.
Sin embargo, la “prioridad nacional” no debería ser un debate sobre si repartimos lo poco que hay entre el penúltimo y el último de la fila. El verdadero enfoque social que debería hacer indudablemente la izquierda es ir a la raíz del problema: ¿Por qué hay tan poco?
Tomemos el sangrante ejemplo de la vivienda. El problema de la vivienda en España no es un problema de una demanda sobrevenida por flujos migratorios, es un fallo estructural del mercado provocado por una grave falta de inversión en parque público que viene de hace muchos años (apenas roza el 1% frente a la media europea del 9%) y una desregulación que devora los salarios de las clases medias y populares. Culpar al extranjero de la falta de pisos es un mecanismo de transferencia de culpa que oculta la inacción legislativa y la especulación rentista.
Lo mismo ocurre con la sanidad. El colapso de la atención primaria o las listas de espera no se debe a que la atención sanitaria sea universal. Se debe a la asfixia presupuestaria, a la baja financiación crónica y a modelos de gestión que debilitan lo público en favor de la externalización privada y de esto sabemos bastante en Castilla y León.
Cuando la izquierda se defiende argumentando que “los inmigrantes también aportan al PIB”, algo qué es técnicamente cierto, seguimos jugando a la defensiva. En vez de eso, deberíamos estar señalando el verdadero agujero negro: la evasión fiscal y un sistema impositivo que no acaba de lograr que el qué más tenga más pague y que tampoco redistribuye de manera equitativa.
Desde las posiciones más progresistas necesitamos urgentemente un cambio de paradigmas comunicativos, y sobre todo abandonar la posición de gestor compasivo de la escasez y recuperar el concepto con mayúsculas del Estado del Bienestar. La “prioridad nacional”, entendida desde la justicia social, no consiste en levantar muros en los servicios públicos, sino en ensanchar el paraguas del Estado para que nadie se quede a la intemperie.
Mientras sigamos atrapados en los planteamientos construidos por la derecha avanzaremos poco y muy lentamente, pues su votante menos pudiente sí que ve en el inmigrante un verdadero problema ante su propio desarrollo vital. No recibe suficientes ayudas porque van a los inmigrantes, los inmigrantes acceden con mayor facilidad a las viviendas, tardan en atenderle en la sanidad pública porque se atiende a inmigrantes... Cuando a alguien le cuesta llegar a fin de mes, en el sentido amplio de la palabra, estás ideas se le colocan con mucha facilidad.
Debemos ser claros en algo: en España no es que falten sillas para sentarse a la mesa; el problema es que unos pocos se están quedando con toda la comida mientras el resto discutimos por el orden en el que tenemos que comer las sobras.