Los sindicatos -CSIF, Anpe, Satse o CCOO- mandan deberes a los consejeros de la Junta de Castilla y León.
La secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, advirtió este sábado al nuevo Gobierno de la Comunidad, tras conocer este mediodía el gabinete de consejeros nombrado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que el sindicato no permitirá “ni un paso atrás” en los derechos conquistado y avanzó que combatirá en la empresas, en la negociación colectiva y en las calles “cualquier retroceso que amenace la cohesión social de la ciudadanía”.
En este sentido, la responsable sindical solicitará una reunión “lo antes posible” con el nuevo consejero de Empleo, Industria, Universidades Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez Quiñones, para trasladarle esta idea que comunicarle que, además, tratará de blindar “en los centros de trabajo y en la negociación colectiva” aquellos derechos que, en su opinión, el nuevo Gobierno de la Junta “pretende arrinconar”.
En términos generales, Fernández de los Muros expresó su “profunda preocupación” por el rumbo político de Castilla y León. Al sindicato le alarma que el nuevo Ejecutivo se fundamente en un pacto que, en su opinión, “sustituye los derechos consolidados por la imposición ideológica, ignorando de forma sistemática las realidades de desprotección que sufre la ciudadanía castellana y leonesa”.
En cuanto al análisis, por bloques, del acuerdo de gobierno autonómico, el sindicato denunció la “omisión absoluta de la diversidad afectivo-sexual”. Esta ausencia “agrava la anomalía” de que Castilla y León sea la única comunidad sin una ley específica de protección LGTBIQA+, a pesar de que “la LGTBIfobia concentra más de la cuarta parte de los delitos de odio en la Región”. “Este olvido institucional fomenta el ‘sexilio’, obligando a muchas personas del medio rural a abandonar su tierra para vivir en libertad”, apuntó Fernández de los Muros.
El sindicato apuntó, además, que el pacto carece de medidas para avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el empleo, los salarios o los cuidados. “Es alarmante el vacío en torno a la violencia machista, al omitirse políticas de prevención y protección a las víctimas, y amenazar con la reforma de leyes fundamentales”, señaló la líder sindical. Para CCOOCyL, “la igualdad ha dejado de ser una prioridad para convertirse en una cuestión incómoda arrinconada por sectarismo”.
Además, el acuerdo “reduce la cultura a símbolos identitarios, toros y eventos religiosos, utilizándola como mero reclamo turístico mientras olvida a las pequeñas compañías, creadores jóvenes y al tejido cultural de los pueblos”. Asimismo, CCOO rechaza la propuesta de ‘ley de concordia’, que “busca blanquear la historia equiparando a las víctimas de la represión franquista con sus opresores”.
Frente a los “discursos xenófobos” y del ‘efecto llamada’, CCOO defendió la necesidad de abordar la despoblación mediante la plena integración laboral de la población migrante. El sindicato exigió agilizar la regularización extraordinaria para “sacar a estas personas de la economía sumergida, garantizando derechos y contratos dignos que contribuyan formalmente al sostenimiento del Estado del bienestar”.
CCOO Castilla y León recordó al nuevo gabinete de que “los derechos conquistados por el avance social y sindical no son concesiones ideológicas, sino pilares democráticos”. “No es posible construir futuro excluyendo al diferente”, matizó. El sindicato anunció que plantará cara “con total firmeza” en los centros de trabajo, en la negociación colectiva y en las calles para impedir que se dé “un solo paso atrás” en la dignidad de la Comunidad.
Educación
Los sindicatos de Educación de Castilla y León pidieron este sábado de forma unánime a la que a partir del lunes será la nueva consejera del área, María Pardo, poder “empezar a trabajar desde ya” con la convocatoria de la Mesa Sectorial, para poder desarrollar el acuerdo firmado en septiembre del pasado año. Asimismo, mostraron su “preocupación” por la separación de Universidades, que pasa a formar parte de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, con Juan Carlos Suárez-Quiñones al frente.
Una nueva cartera que, a juicio de la secretaria de Política Educativa de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Isabel Madruga, supone “un remix raro” y genera “incertidumbre” sobre “qué pasará”, al tratarse de “la primera vez que se separa de Educación” un ámbito en el que “hay muchas cosas que hacer”, ya que “la negociación lleva parada mucho tiempo”.
También hay “muchas cuestiones pendientes de negociar” en el ámbito de la Educación, por lo que sus primeras palabras para la nueva consejera, María Pardo, son la petición de la convocatoria “cuanto antes” de la Mesa Sectorial de Educación para poder abordar “el acuerdo firmado el septiembre del pasado año y que ha dejado por desarrollar cuestiones clave para el próximo curso”, a pesar de estar publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Entre estas cuestiones, la secretaria de Política Educativa de CSIF destacó la mejora de la atención a la diversidad, “con una última propuesta de la dotación de 50 especialistas más” o los compromisos de poner en marcha el próximo curso la reducción de la jornada para el profesorado mayor de 55 años sin pérdida retributiva y el reconocimiento de la función tutorial.
“Estamos a 13 de junio y todo ello tiene que estar en marcha ya el próximo curso, por lo que la negociación no se puede dilatar”, remarcó Madruga, quien abogó por “una negociación rápida y sin dilación” para “poder ponerse a trabajar en mejoras necesarias para el profesorado de la educación pública más allá de sacar pecho de los buenos resultados”.
En esta misma línea, la portavoz del Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de Castilla y León, Cristina Fulconis, deseó que María Pardo “entienda las demandas del profesorado de la Comunidad después de un periodo de sequía desde las últimas negociaciones”, por lo que esperó “poder empezar a tener reuniones a partir del martes para empezar a desarrollar cuestiones como las plantillas, la atención a la diversidad y los acuerdos de mejora”.
Así, consideró que la organización “debe mantener una reunión con la nueva consejera a la mayor brevedad”, en la que poder “desarrollar cuestiones pendientes tras el acuerdo firmado con la anterior consejera y que no se ha desarrollado en su totalidad”. Para ello, confió en que Pardo, que “ya ha estado relacionada con Educación anteriormente”, “atienda las demandas que se le harán de defensa de los servicios públicos y del empleo público”, así como de “mejora de las condiciones laborales para el profesorado”.
Por su parte, la presidenta del sindicato de profesores ANPE, Pilar Gredilla, consideró que “hay un gran reto” pendiente con la nueva consejera de Educación, sobre la se mostró a la espera de que “ponga su foco en la enseñanza pública y en el profesorado que trabaje en ella”, para así “poder avanzar en el acuerdo que se firmó en septiembre del año pasado”, sobre el que confió en que “sea un compromiso también para esta nueva legislatura”.
“Esperamos entrar en una época de diálogo y poder poner en marcha el acuerdo firmado para empezar el curso con una normalidad, pero queda mucho trabajo por delante y un reto muy importante ante la cercanía del próximo curso”, añadió Gredilla, para quien se abre “una época de trabajo y de seguir avanzando.
Sanidad
La secretaria general del Sindicato de Enfermería Satse en Castilla y León, Mercedes Gago López, reclamó al consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, una apuesta “clara y decidida” por los enfermeros y los fisioterapeutas durante la nueva legislatura, al considerar que reforzar estos colectivos supone también mejorar la atención sanitaria que reciben los ciudadanos de la Comunidad.
Tras conocerse hoy el nombramiento del nuevo responsable de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, Gago trasladó un mensaje de colaboración, acompañado de una batería de reivindicaciones que considera prioritarias para el futuro del sistema sanitario público de Castilla y León.
“Esta legislatura tiene que ser la de la apuesta por las enfermeras y los fisioterapeutas”, afirmó la secretaria general de Satse a Ical, quien insistió en que no se trata únicamente de mejorar las condiciones laborales de estos profesionales, sino de reforzar la calidad asistencial y la atención a los pacientes.
La principal demanda del sindicato pasa por incrementar el número de enfermeros, enfermeros especialistas y fisioterapeutas en Castilla y León, una comunidad que, según recordó, continúa situándose por debajo de la media en número por cada mil habitantes. En este sentido, defendió la necesidad de reforzar las plantillas hospitalarias y garantizar en Atención Primaria la denominada unidad funcional médico-enfermero en todas las zonas básicas de salud, con al menos el mismo número de profesionales de Enfermería que de Medicina.
Asimismo, reclamó que cada zona básica de salud disponga de al menos un fisioterapeuta a jornada completa. A su juicio, estas medidas permitirían reducir los tiempos de espera, mejorar el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas y dar respuesta al progresivo envejecimiento de la población de Castilla y León.
Entre las prioridades planteadas al nuevo consejero, Gago destacó también el desarrollo efectivo de las especialidades de Enfermería. La secretaria de Satse considera “imprescindible y urgente” la creación de plazas de Enfermería Familiar y Comunitaria, así como el incremento de las correspondientes a Pediatría, Geriatría, Salud Mental y Enfermería del Trabajo.
Según explicó en declaraciones a Ical, estas profesionales deben poder asumir las competencias para las que han sido formadas, favoreciendo una atención más cercana, resolutiva y de calidad para los pacientes. "Todos los ciudadanos deben poder beneficiarse de los conocimientos y capacidades de las enfermeras especialistas”, defendió.
Enfermera escolar
Otra de las reivindicaciones históricas del sindicato es la implantación de la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos de Castilla y León. Gago aseguró que estos profesionales desarrollarían labores de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención a alumnos con necesidades sanitarias, además de contribuir a mejorar la conciliación de las familias.
En el ámbito laboral, desde Satse exigió una revisión de la ponderación aplicada al trabajo nocturno para evitar que los profesionales que realizan un mayor número de noches resulten penalizados. También denunció la situación de la bolsa de empleo de Enfermería, cuyo último corte corresponde al año 2022.
Para la responsable sindical, esta falta de actualización, unida a la proliferación de contratos temporales y de corta duración, está favoreciendo la salida de profesionales hacia otras comunidades autónomas e incluso al extranjero. “No podemos permitirnos seguir perdiendo talento cuando lo que necesitamos es atraerlo y fidelizarlo”, señaló.
La organización también reclamó medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar. Según explicó Gago, la escasez de profesionales provoca continuos cambios de turno, dificultades para disfrutar de permisos y un recurso excesivo a las necesidades de servicio para garantizar la actividad asistencial.
Asimismo, recordó que hace más de un año las Cortes de Castilla y León aprobaron una iniciativa para que las retribuciones de los enfermeros internos residentes (EIR) alcanzaran al menos el Salario Mínimo Interprofesional, una medida que, denunció, todavía no se ha materializado. Por ello, exigió que estos profesionales comiencen a percibir esas cantidades “de forma inmediata”.
Finalmente, la secretaria general de SATSE Castilla y León tendió la mano al nuevo consejero de Sanidad y Bienestar Social para abordar estas cuestiones, aunque le pidió “decisiones valientes” para evitar que la Comunidad continúe perdiendo enfermeras y fisioterapeutas debido a salarios menos competitivos, contratos precarios y bolsas de empleo desactualizadas.
“Apostar por los profesionales no es un gasto, es la mejor inversión para reducir las listas de espera, mejorar la atención sanitaria y garantizar el futuro de la sanidad pública”, concluyó.