El Tribunal Supremo ha ordenado al Estado pagar 2,5 millones de euros a Ahmed Tommouhi, un albañil marroquí que perdió casi dos décadas de su vida en la cárcel por unas agresiones sexuales de las que era inocente. Los magistrados concluyen que la Justicia cometió un error "inequívoco y cualificado" al ignorar pruebas de ADN que demostraban que él no era el autor de los hechos, provocando un daño irreparable en sus libertades fundamentales.
Una prueba clave olvidada en un cajón
El origen de este error judicial se remonta a septiembre de 1992, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona envió a prisión a Tommouhi imponiéndole una pena de 24 años. El tribunal tomó esta decisión apoyándose únicamente en el reconocimiento visual de una víctima, quien años más tarde acabó admitiendo que se había equivocado de persona.
Sin embargo, los jueces de entonces pasaron por alto una evidencia científica contundente. La Policía Científica de Barcelona había analizado el semen encontrado en la ropa interior de la mujer agredida y había elaborado informes que demostraban que el perfil genético no coincidía con el del acusado. Aunque esta prueba formaba parte de la investigación y contaba con el visto bueno formal para su uso, nadie llegó a valorarla en el juicio.
Décadas de lucha hasta la absolución
El calvario de este hombre entre rejas se extendió desde noviembre de 1991 hasta abril de 2009, cumpliendo más de las tres cuartas partes de su castigo entre prisión preventiva y condena en firme. A la sentencia inicial se sumó otra impuesta en 1995 por la Audiencia Provincial de Tarragona, que dictó más de 100 años de cárcel en su contra por hechos similares.
La Justicia tardó décadas en rectificar este encadenamiento de fallos. Tras la presentación de nuevos recursos basados en las pruebas biológicas ocultas, el Tribunal Supremo anuló finalmente la primera condena en 2023 y tumbó la segunda en 2025, limpiando por completo el historial penal del albañil.
El precio de casi 18 años robados
Tras confirmarse su inocencia, el afectado reclamó al Estado más de 3,64 millones de euros. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha fijado finalmente la compensación en 2,5 millones, revocando así una decisión previa de la Audiencia Nacional que en abril de 2025 había respaldado la negativa del Ministerio de Justicia a pagar indemnización alguna.
El tribunal argumenta que esta cifra compensa de forma "razonable y proporcionada" el inmenso impacto económico y vital. En su resolución, los magistrados destacan la "excepcional gravedad" del caso: pasar tanto tiempo encerrado injustamente multiplica el sufrimiento moral, arruina las oportunidades de vida y deja una huella profunda en la personalidad que supera con creces cualquier compensación habitual por encierros breves.
Sin castigo directo para los jueces
A pesar de reconocer el monumental fallo del sistema, el Tribunal Supremo rechaza la petición de Tommouhi de declarar la "culpa grave" de los magistrados que lo condenaron en los años noventa. La resolución aclara que este procedimiento actual sirve de manera estricta para evaluar la responsabilidad económica de la Administración del Estado por el error cometido, dejando fuera de su alcance la posibilidad de enjuiciar la labor individual de aquellos magistrados.