La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León reclamó este viernes al Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco una estrategia “real y urgente” para retener el talento en la administración pública, que pasa, según el sindicato, por la mejora de las condiciones laborales, salariales y organizativas de las plantillas de la Junta.
El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, defendió que la nueva legislatura debe ser “exitosa” no solo para le Ejecutivo autonómico, sino también para los empleados públicos, al considerar que la Junta es la principal “empresa” de la comunidad y la responsable de garantizar servicios públicos de calidad. Además, subrayó que la retención del talento “pasa por condiciones laborales dignas y atractivas en un territorio amplio, disperso y complejo como Castilla y León”. En este sentido, pidió que los incrementos presupuestarios tengan un reflejo directo en las nóminas de los cerca de 96.000 empleados públicos de la administración autonómica.
Entre las prioridades del sindicato, CSIF destacó la actualización integral de la carrera profesional “en todos los ámbitos, todo el personal y todas las categorías profesionales”. También reclamaron un refuerzo de plantillas en los distintos servicios públicos y la aprobación de una nueva Ley de Función Pública de Castilla y León, un compromiso que, según denuncian, “lleva años de retraso”.
El sindicato también insistió en la necesidad de reformar el modelo de diálogo social en la comunidad para adaptarlo a la realidad democrática y socieconómica actual, reivindicando su papel como organización mayoritaria en las administraciones públicas.
En el ámbito educativo, la responsable sectorial de CSIF, Isabel Madruga, reclamó el desarrollo del acuerdo de mejora de condiciones laborales firmado en septiembre de 2025, la equiparación salarial del profesorado con otras comunidades autónomas y expresó su preocupación por la reestructuración de competencias que separa el ámbito universitario de la Consejería de Educación, trasladándolo a la Consejería de Industria.
En sanidad, el responsable del sector, Enrique Vega, exigió el cumplimiento de los acuerdos pendientes en materia de retribuciones, como el abono del complemento de sábados trabajados, además de la apertura de la negociación de plantilla orgánica en Atención Primaria, un nuevo decreto de carrera profesional y la reclasificación profesional a los técnicos sanitarios. Además, advirtió de las implicaciones de la integración de la Gerencia de Servicios Sociales en la Consejería de Sanidad y del impacto del futuro Estatuto Marco-
En el ámbito de la administración general, el representante sindical, Agustín Argulo, pidió la renovación del convenio colectivo del personal laboral, la actualización de relaciones de puestos de trabajo, la cobertura de vacantes y la convocatoria anual de concursos de traslados. Además, criticó la actual configuración del operativo de incendios forestales, que consideró “insuficiente” y reclamó un modelo “íntegramente público y estructuralmente reforzado”.