El presidente de la Junta de Castilla y León , Alfonso Fernández Mañueco, afirmó este viernes que la nacionalización masiva puesta en marcha por el Gobierno central, con “casi un millón de personas en tan solo unos meses”, según sus palabras, supone “una alteración clara del censo electoral” que, desde su punto de vista, “no tiene ninguna explicación” y se mostró expectante acerca de su desarrollo.
“A lo mejor, esa gente, que viene, en muchos casos, de países iberoamericanos, sabe diferenciar quién se acerca más al populismo de izquierdas o quién se acerca más a unas fuerzas que hacen gobiernos homologables de derechas, como el que representamos aquí, en Castilla y León, Partido Popular y Vox. En cualquier caso, me parece que esto se debería hacer de otra manera, como tantas cosas que está haciendo el gobierno de España. Se tendría que hacer por consenso. Claro, pedir esto a Sánchez es complicado”, reflexionó el mandatario autonómico.
Fernández Mañueco, quien fue cuestionado por la evolución del voto CERA en el programa ‘Es la mañana de Federico’, y la victoria del PSOE en los cuatro comicios autonómicos recientes, incluidos los de Castilla y León. “Dos puntualizaciones. Si sumamos los votos de PP y Vox, ganan a los del PSOE. Y, antes, el PSOE ganaba con mucha más claridad. Porque el voto de la emigración, tradicionalmente, era más cercano al PSOE de lo que podía ser fuerzas como el PP”, matizó acerca de esta evolución, tras la realización de un estudio sobre este tipo de voto en las últimas elecciones.
Una cuestión que, en la entrevista, apareció ligada al concepto de prioridad nacional, uno de los ejes sobre el que pivota el acuerdo de gobierno en la Comunidad. “En primer lugar, la política migratoria de Sánchez es un desastre, es para empezar de cero. Y en segundo lugar, en Castilla y León necesitamos gente de otras comunidades, o de otros países, que vengan de manera regular, ordenada. La prioridad nacional busca que aquellos recursos, que son limitados, se asignen por el arraigo, la vinculación real y efectiva al territorio. La mayoría serán de aquí, pero otros serán de Murcia o de otro países”, resumió.
El presidente de la Junta defendió que, en esencia, es un requisito habitual en las distintas administraciones públicas. “Esto se hace en los ayuntamientos, en las piscinas municipales, lo hace el alcalde de Soria que es el jefe de la oposición en Castilla y León”, ejemplificó Mañueco, quien recordó más adelante que en medidas gubernamentales, como el Ingreso Mínimo Vital, se pide una residencia mínima de un año. “La Ley de Dependencia, del ínclito Zapatero, también pedía arraigo. Es decir, es algo habitual y en Castilla y León se ha asumido con naturalidad y con normalidad”, recalcó.
Más allá de este concepto, el líder del PPCyL se mostró confiado en que la legislatura con Vox sea “mejor que la anterior” y que el acuerdo de Gobierno se mantendrá durante todo el periodo electoral. “Así está firmado y puesto por escrito. En la negociación con los representantes de Vox hemos hecho el esfuerzo de, más allá de aquello que nos separa, que es evidente, centrarnos en aquello que nos une y construir un proyecto para Castilla y León”, aseguró. Preguntado, en concreto, por la figura de su vicepresidente primero, Carlos Pollán, elogió su labor institucional como presidente de las Cortes y definió su relación como “correcta y fluida”.
UGT
El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, manifestó este viernes en Ávila que “en una Comunidad despoblada y envejecida” como la castellana y leonesa, “el problema no es la gente que viene, sino la gente que se nos va”, en referencia al proceso de regularización y el papel de la inmigración en esta comunidad autónoma.
“Aplaudimos el proceso de regularización porque sobre todo pone fin a la explotación laboral de muchas personas trabajadoras que están sometidos a condiciones infames”, afirmó Lobo, quien denunció “el fraude y la economía sumergida” y subrayó que “esta situación va a permitir que los trabajadores y las trabajadoras estén en igualdad de condiciones con los trabajadores de esa comunidad autónoma”.
Óscar Lobo, que participó en el XXV Desayuno de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Ávila, también habló de “la importancia del sistema público de pensiones en Castilla y León, que beneficia a nada más y nada menos de 600.000 pensionistas, que con la última revalorización de las pensiones va a suponer 300 millones de euros a los bolsillos que va a redundar en la economía de nuestra comunidad autónoma, sobre todo del pequeño comercio, de la actividad económica, sobre todo en mantener la vida de los municipios pequeños de nuestra comunidad que tanto necesitan actividad económica”.