El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una línea de investigación independiente enfocada únicamente en el empresario Juan Carlos Barrabés. Esta nueva pieza judicial, separada del tronco principal del caso, indagará sobre la comisión de presuntos delitos de prevaricación y fraude a los fondos de la Unión Europea derivados de varias adjudicaciones públicas otorgadas por la entidad estatal Red.es
El titular del juzgado formalizó esta decisión el jueves 18 de junio, tras admitir una impugnación presentada por la defensa del propio empresario. Aunque a primera hora de la mañana un error de redacción incluyó en la causa a todos los investigados del proceso matriz, el juez emitió una providencia posterior para rectificar y aclarar que esta nueva vía afecta únicamente a Juan Carlos Barrabés.
Con este movimiento, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, quedan totalmente excluidas de este expediente concreto. La apertura de la pieza separada coincide con el periodo de espera para decidir si se aplican medidas cautelares a los implicados, paso previo antes de que la Audiencia Provincial de Madrid determine si el caso principal debe resolverse mediante un jurado popular.
Los contratos
El núcleo de esta nueva investigación se centra en una licitación que Red.es otorgó en junio de 2020. Los detalles que centran las sospechas del juzgado son, fundamentalmente, el presupuesto base de 4,05 millones de euros, que la adjudicación recayó sobre una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por la consultora KPMG y la firma Innova Next, propiedad de Barrabés y que el objetivo del contrato consistía en gestionar el servicio Oficina Acelera Pyme, destinado a ofrecer asesoría gratuita a negocios. El proyecto se financió con fondos europeos Feder, una condición que generó debate y que llegó a cuestionar la Abogacía del Estado.
El papel de la Fiscalía Europea
El juzgado activó esta línea de investigación al recibir documentación de la Fiscalía Europea que alertaba sobre posibles irregularidades en los contratos del empresario. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente de Hacienda, también remitió informes a las autoridades continentales señalando un posible fraude de ley y discriminación en las adjudicaciones.
Pese a estas sospechas, el pasado mes de octubre la Fiscalía Europea rechazó asumir la totalidad del caso sobre Barrabés, argumentando que la justicia española ya había avanzado considerablemente en la instrucción. En paralelo, los tribunales europeos mantienen bajo su radar otros expedientes vinculados al empresario por valor de 8,3 millones de euros, correspondientes a contratos que sí contaron con cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.
Reacciones políticas
La maniobra judicial ha desatado una respuesta inmediata desde el ala socialista. Fuentes de La Moncloa expresaron su "estupor" y calificaron la decisión de "despropósito", subrayando que Begoña Gómez carece de vínculos o gestiones de apoyo relacionadas con este contrato en particular.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, criticó el "furor" del magistrado Peinado, acusándole de cometer errores graves que atentan contra el honor de las personas investigadas. Por su parte, el PSOE enmarcó el movimiento como un "nuevo disparate" destinado a alargar un juicio político. Para contrarrestar la presión, los socialistas desviaron el foco hacia la Comunidad de Madrid, exigiendo explicaciones urgentes a Isabel Díaz Ayuso sobre los recientes escándalos de ingresos millonarios que salpican a su pareja, Alberto González Amador.