El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha ordenado medidas cautelares contra Begoña Gómez, retirándole el pasaporte ante un presunto riesgo de fuga. La decisión ha provocado un choque institucional sin precedentes: el Gobierno acusa al magistrado de emprender una "persecución política", mientras que los principales sindicatos de la Policía Nacional exigen una rectificación tras sugerir el juez que los propios escoltas podrían ayudarla a huir de la Justicia.
El juez Peinado impuso estas medidas restrictivas a instancias de la acusación popular, liderada por la organización de extrema derecha Hazte Oír, en un giro respecto a sus decisiones anteriores, donde había rechazado acciones similares por considerarlas desproporcionadas.
La defensa de Begoña Gómez argumentó que su condición de esposa del presidente del Gobierno implica un despliegue permanente de seguridad policial, lo que anula cualquier riesgo de fuga. Sin embargo, el magistrado desestimó este punto. En su escrito, argumenta que el cargo en la presidencia es "efímero" y añade una hipótesis que ha encendido los ánimos: plantea que los policías encargados de su protección podrían actuar por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores para facilitar su fuga y evitar que se ponga a disposición de la Justicia.
Reacciones del Gobierno y el PSOE
La respuesta del Ejecutivo no se ha hecho esperar. Desde La Moncloa, fuentes oficiales tildan la instrucción de carente de sentido jurídico y denuncian la "obsesión y desproporción" del juez. El bloque gubernamental ha cerrado filas en torno a Gómez, subrayando la incoherencia de retirar el pasaporte a una persona con escolta permanente, y ha recordado precedentes como el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, donde otro juez descartó el riesgo de fuga precisamente por la "pública notoriedad" del investigado.
Las críticas de los altos cargos:
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Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia: Calificó la jornada como un "día nefasto para quienes creen en la Justicia", aunque reafirmó su confianza en que la verdad se impondrá.
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Óscar Puente, ministro de Transportes: Tachó de "ignominia" los argumentos del magistrado y exigió responsabilidades a la Audiencia Provincial de Madrid y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por consentir esta situación.
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Patxi López y Montse Mínguez, portavoces del PSOE: Condenaron la medida describiéndola como "delirante, obsesiva y vergonzosa", y cuestionaron directamente la idoneidad de Peinado para ejercer la judicatura. López ha dicho que "es imposible no indignarse ante tamaña desvergüenza" y cree "que este señor siga siendo juez dice mucho de cómo funcionan algunos en este gremio". "¿Dónde está el CGPJ?, se ha preguntado", y ha considerado que esto es el "el que pueda hacer que haga" que dijo José María Aznar
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Otros miembros del gabinete, como los ministros Arcadi España, Diana Morant, José Manuel Albares y Elma Saiz, también trasladaron públicamente su solidaridad.
Indignación en la Policía
El aspecto más controvertido del auto judicial -la duda sobre la lealtad de la escolta oficial- ha provocado una reacción inusualmente dura y unánime por parte de las organizaciones representantes de los agentes estatales. Los tres principales sindicatos han emitido comunicados de repulsa:
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Jupol: Exigió una rectificación inmediata del juez. Calificaron de "auténtica barbaridad" la insinuación y defendieron que dudar de la labor de la escolta de Presidencia supone un injustificado descrédito hacia servidores públicos ejemplares.
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Sindicato Unificado de Policía (SUP): Expresó su "absoluto rechazo" a las afirmaciones de Peinado. Aclararon que los agentes no actúan al margen de la ley ni acatan órdenes manifiestamente ilegales, recordando que la Policía Nacional "no es un riesgo para el Estado de Derecho, sino una de sus principales garantías".
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Unión Federal de Policía (UFP): Tachó el razonamiento del juez de "salvajada fuera de lugar" y advirtió del peligro de imputar delitos potenciales a quienes se dedican, precisamente, a prevenirlos.