El Tribunal Supremo ha sentenciado a 24 años y tres meses de prisión (lo que pedía el fiscal anticorrupción) al exministro de Transportes y ex 'número tres' del PSOE, José Luis Ábalos, por lucrarse de forma ilícita durante la crisis sanitaria del coronavirus. La resolución, dictada por unanimidad, impone también una pena de 19 años y ocho meses a su antiguo asesor de confianza, Koldo García. En contraste, el tribunal permite al empresario Víctor de Aldama esquivar la cárcel pese a su condena de cuatro años y medio, gracias a su decisiva colaboración para destapar la trama.
El negocio a costa de la Administración
A lo largo de 224 páginas, el magistrado Andrés Martínez Arrieta detalla cómo los tres implicados diseñaron una organización criminal para enriquecerse de las arcas públicas. El Supremo concluye que el grupo aprovechó el enorme poder político de Ábalos para asegurar contratos y favores a cambio de sobornos. Entre los principales beneficios y delitos probados destacan:
-
Contratos millonarios: La adjudicación a dedo de 13 millones de mascarillas para Puertos del Estado y Adif, operada a través de una empresa controlada por Aldama.
-
Sueldo encubierto: El pago periódico de 10.000 euros al mes a Ábalos para cubrir sus "gastos fijos".
-
Enchufismo: La colocación irregular de dos mujeres del entorno personal del exministro en las compañías públicas INECO, TRAGSATEC y LOGIRAIL.
-
Inmuebles de lujo: El abono del alquiler de un piso en Madrid para una de estas mujeres, además de costear el arrendamiento con opción a compra de chalets en Marbella y La Línea de la Concepción. Estos pagos sirvieron como moneda de cambio por favores políticos, como agilizar una licencia de hidrocarburos y facilitar el rescate público de Air Europa.
El pacto de Aldama
Mientras Ábalos y Koldo García seguían la lectura del fallo por videoconferencia desde la cárcel -donde ingresaron de forma preventiva el pasado mes de noviembre-, Víctor de Aldama salía libre del tribunal. Los jueces han valorado su confesión y han decidido suspender su ingreso en prisión bajo tres condiciones: no volver a delinquir, presentar informes semestrales sobre la legalidad de sus negocios y cumplir un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
El comisionista se ha mostrado satisfecho a las puertas del Supremo: "Han demostrado que son justos y la colaboración en este país sirve". Su portavoz, Ramón Bermejo, ha calificado el fallo como un "aviso a navegantes" para otros investigados, sugiriendo que confesar asegura salidas más beneficiosas.
Un daño "grave" a la democracia
Más allá de las condenas por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, el Alto Tribunal lanza una dura advertencia institucional. La sentencia subraya que la corrupción de un alto cargo provoca un "deterioro grave de la confianza ciudadana". Los magistrados lamentan que utilizar el poder democrático para fines privados socava la arquitectura del Estado y genera una peligrosa pérdida de legitimidad del sistema.
El caso que se cierra este lunes con una de las condenas más contundentes de los últimos años arrancó de forma discreta en marzo de 2022, tras una denuncia del PP. Sin embargo, la verdadera tormenta política estalló en febrero de 2024 con el arresto de Koldo García.
Lo que comenzó como el escándalo de un asesor arrastró de inmediato a su jefe. Tras negarse a entregar su escaño y ser apartado al Grupo Mixto por el PSOE, las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil terminaron por ubicar a José Luis Ábalos en la cima de la organización.