El sindicato provincial de Enseñanza de CCOO Salamanca denuncia, por segunda vez, que las infraestructuras educativas y dependencias administrativas dependientes de la Consejería de Educación en la provincia salmantina "no están adaptadas para hacer frente a las altas temperaturas, y esta inacción supone un incumplimiento sistemático de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", ya que en numerosas aulas y centros salmantinos, según aseguran desde el sindicato, se están soportando temperaturas que superan los límites legales, llegando a rebasar los 30 grados en las aulas.
CCOO denuncia que la situación "se ha vuelto insostenible" durante estos días de intensa ola de calor, alertando de que "la falta de climatización ya está provocando las primeras consecuencias físicas en la comunidad educativa, habiéndose constatado algunos casos de mareos en colegios e institutos de la ciudad en las últimas semanas".
El sindicato provinial tacha de "temeridad" que la Junta pretenda "capear" este escenario con "parches ineficaces", como el uso de ventiladores aislados, "mientras en países de nuestro entorno europeo, como Francia, ya se contemplan protocolos de cierre preventivo de escuelas para proteger la salud de menores y trabajadores", señalan.
No obstante, la organización muestra una "gran preocupación" sobre la situación en las Escuelas Infantiles, y en las aulas de 0-3 años integradas en centros de Primaria de la provincia de Salamanca, ya que aseguran que en estos espacios la vulnerabilidad térmica de los niños multiplica "exponencialmente" el riesgo de sufrir deshidrataciones o golpes de calor.
Desde CCOO Enseñanza Salamanca exigen a la Consejería de Educación una inversión económica "urgente y planificada" para la instalación de sistemas de climatización en las aulas, que garanticen la protección de la salud de los trabajadores y del alumnado, tal y como, aseguran, exige de forma "estricta" la normativa de seguridad laboral. CCOO concluye advirtiendo que seguirá vigilante en los centros de la provincia, y que activará "de inmediato" las denuncias pertinentes ante la Inspección de Trabajo si la Administración "sigue se ignorando la ley, y poniendo en riesgo a la comunidad educativa".