CSIF denunció este viernes la enorme preocupación generada en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca, CRMF, tras la visita de responsables del Imserso al centro, en la que se trasladó a la plantilla que el centro cerrará como recurso estatal del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Para CSIF, "lo más grave no es solo el fondo de la decisión, sino la forma en la que se está comunicando". Asegura que la visita no sirvió para aportar tranquilidad, garantías ni una hoja de ruta clara. "Al contrario, confirmó la inquietud existente: se habla de cierre, de traspaso o de cambio de gestión, pero sin entregar documentación oficial suficiente, sin concretar calendario real, sin explicar las consecuencias laborales y sin garantizar de forma expresa la continuidad de todos los servicios que actualmente presta el CRMF".
El sindicato considera "especialmente preocupante" la situación de los personas usuarios. Según se trasladó en la reunión, la previsión pasaría por que los usuarios regresen a sus domicilios y, en aquellos casos en los que no puedan hacerlo, sean reubicados en otros centros del IMSERSO. Para CSIF, esta explicación es "insuficiente y genera una alarma evidente, especialmente respecto a los usuarios más vulnerables, que no pueden quedar sometidos a una decisión administrativa sin un plan individualizado, claro y garantizado".
CSIF advierte de que "no basta con decir que algunos usuarios serán derivados a otros centros. Hay que explicar dónde, cuándo, en qué condiciones, con qué recursos, cómo se garantizará la continuidad de sus tratamientos, programas formativos, procesos de recuperación, apoyos personales e itinerarios de integración. Estamos hablando de personas con discapacidad que necesitan estabilidad, acompañamiento y seguridad, no incertidumbre ni soluciones improvisadas".
El sindicato también denuncia que, según se comunicó en la reunión, las comunidades autónomas no se habrían puesto en contacto con el IMSERSO en relación con este proceso. Este dato agrava todavía más la situación, porque evidencia que no existe una coordinación institucional suficiente para garantizar una transición ordenada. Si no hay interlocución real con las comunidades autónomas, no puede hablarse seriamente de un traspaso, de una continuidad asistencial ni de una alternativa sólida para usuarios y trabajadores.
CSIF recuerda que el CRMF de Salamanca no es un edificio vacío ni una instalación prescindible. "Es un recurso público especializado, con décadas de trayectoria, que atiende a personas con discapacidad física o sensorial y que desarrolla una labor esencial en rehabilitación, formación, autonomía personal, orientación profesional e integración social y laboral. Por eso, su futuro no puede decidirse desde un despacho ni reducirse a una operación administrativa entre administraciones".
La reunión dejó una sensación especialmente preocupante: el IMSERSO parece tener clara la voluntad de cerrar su etapa en Salamanca, pero no ha explicado con la misma claridad cómo se va a proteger a quienes dependen del centro. Para CSIF, ese desequilibrio es inadmisible. No se puede comunicar el cierre y dejar para más adelante lo importante: los derechos de los usuarios, el futuro de la plantilla y la continuidad del servicio público.
En este sentido, también se trasladó que después del verano se informaría de cómo avanzan las negociaciones. Sin embargo, para CSIF, esa explicación no es suficiente. El sindicato no cuestiona que se informe en la subcomisión correspondiente, pero considera que una decisión de esta gravedad exige información inmediata, completa, documentada y transparente para la plantilla, los usuarios y sus familias. No basta con decir que se irá informando; hay que poner negro sobre blanco qué se pretende hacer, con qué calendario y con qué garantías.
La preocupación afecta directamente a los trabajadores, profesionales especializados que han sostenido durante años la actividad del centro. CSIF exige que se respeten íntegramente sus condiciones laborales, retributivas y profesionales, incluyendo antigüedad, jornada, funciones, complementos, carrera profesional y derechos adquiridos. Además, el sindicato rechaza cualquier escenario que pueda derivar en movilidad forzosa, pérdida de derechos, deterioro de condiciones o incertidumbre jurídica para el personal.
CSIF también advierte de que el traspaso a otra administración, si finalmente se produce, no puede utilizarse como excusa para reducir servicios, rebajar costes o diluir responsabilidades. La Junta de Castilla y León, el IMSERSO y el Ministerio competente deben explicar públicamente qué modelo se plantea, qué financiación tendrá, qué servicios se mantendrán y qué garantías reales existen para usuarios y trabajadores.
El sindicato exige de inmediato cuatro compromisos mínimos: continuidad plena del servicio sin merma de prestaciones, protección individualizada de los usuarios más vulnerables, mantenimiento de todos los derechos de la plantilla y financiación suficiente y estable para conservar la calidad asistencial, formativa y rehabilitadora del centro.
CSIF reclama además la apertura urgente de una mesa de diálogo con la representación sindical, la plantilla, los usuarios y las administraciones implicadas. Cualquier proceso de cierre, transferencia o cambio de gestión debe abordarse con transparencia, negociación real y seguridad jurídica. Lo contrario sería actuar mediante hechos consumados.
“Lo que no puede hacerse es acudir al CRMF a decir que el centro se cierra y marcharse sin resolver lo esencial. Los trabajadores, los usuarios y sus familias no necesitan mensajes ambiguos; necesitan garantías por escrito. CSIF no va a aceptar que el futuro de un servicio público especializado se liquide con explicaciones verbales y sin un plan claro”, concluye el sindicato.