El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, reclamó este lunes al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la deuda de más de 4.600 millones de euros que el Gobierno central tiene acumulada con Castilla y León en materia de atención a la dependencia, después de que el Ejecutivo central haya aprobado, mediante Real Decreto-Ley, “un supuesto incremento para llegar al 50 por ciento en su aportación que ni resuelve el problema de la financiación del Sistema, ni garantiza su estabilidad a medio y largo plazo, ni cubre la cantidad que ha tenido que venir aportando la Comunidad en los años previos ante el incumplimiento estatal”.
Ical.- Vázquez recordó que la Junta de Castilla y León lleva varios años reivindicando que el Gobierno central ejecute lo dispuesto en la Ley estatal, en la que se establece la obligación de este de aportar ese 50 por ciento. No obstante, este incremento “repentino”, según explicó el consejero, llega en un contexto sin presupuestos generales y por la vía del decreto, lo cual causa una absoluta desconfianza y falta de estabilidad.
Según un comunicado de la Junta recogido por Ical, esto implica que Castilla y León ha tenido que hacer frente a la insuficiente aportación del Estado, a la vez que se advierte el hecho de que el incremento se apruebe por Real Decreto-Ley para este año, supone dejar en el aire la viabilidad del Sistema en el futuro.
Tal y como explicó el consejero de Sanidad y Bienestar Social, la financiación anunciada por el Gobierno es una aportación extraordinaria que no garantiza estabilidad para las 128.000 personas en situación de dependencia en Castilla y León, menos cuando el Estado continua con los presupuestos prorrogados desde 2023.
Además, este incremento puntual de la financiación en atención a la dependencia no le exime de la deuda contraída con Castilla y León, acumulada a lo largo de todos los años previos en los que el Estado no ha aportado la cantidad que le correspondía, cuantía que supera los 4.631 millones de euros, 664 millones durante esta legislatura, y que el consejero de Sanidad y Bienestar Social reclamó al ministro Bustinduy.
Asimismo, Alejandro Vázquez propuso un modelo como el acordado entre el Gobierno y la Comunidad del País Vasco, fuera del Real Decreto-Ley publicado recientemente. En ese pacto, no se garantiza únicamente el 50 por ciento del nivel mínimo que debe aportar el Ejecutivo, sino de todo el gasto certificado, y por otra parte se garantiza la financiación para 2027.
El Ejecutivo autonómico también manifestó su preocupación de cara la situación presupuestaria del nuevo modelo de Dependencia, cuya ley se encuentra en trámite, ya que este Real Decreto tiene un carácter estrictamente temporal que económicamente no prevé la evolución del coste real de los servicios y prestaciones ni el incremento de trabajadores que el propio Ministerio ha previsto en los próximos años.