El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado este lunes a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Belén Gualda, y a otras 24 personas por su presunta implicación en el amaño de contratos y ayudas públicas. La trama, que salpica a ex altos cargos y figuras vinculadas al PSOE como el ex secretario de Organización Santos Cerdán, habría facilitado adjudicaciones millonarias a cambio del cobro de más de 750.000 euros en mordidas.
La cúpula investigada y las empresas salpicadas
El magistrado aprecia "indicios de criminalidad" en una extensa lista de investigados que abarca tanto el sector público como el sector privado. Entre la veintena de altos ejecutivos y exdirigentes imputados destacan los siguientes:
Belén Gualda, actual presidenta de la SEPI.
José Vicente Berlanga, expresidente de la empresa pública Enusa.
Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
Francisco Irazusta y Carlos López de las Heras, expresidente y director general, respectivamente, de la siderúrgica vasca Tubos Reunidos.
Fernando Samper, fundador y expresidente del grupo de renovables Forestalia.
Julián Mateos-Aparicio, director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
José Ramón Sempere, expresidente de Mercasa.
El origen de este nuevo paso judicial se remonta a diciembre de 2025, cuando el magistrado asumió las pesquisas tras los arrestos de la supuesta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez; el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández; y el empresario Antxon Alonso.
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los investigados operaban bajo el paraguas de un grupo bautizado como 'Hirurok', cuyos miembros utilizaban un chat de WhatsApp para compartir información privilegiada sobre los rescates empresariales. En sus autos, el juez Pedraz sitúa al ex número tres de los socialistas, Santos Cerdán, en la cúspide de esta estructura. El instructor señala que Cerdán participaba de los beneficios desde "un plano de jerarquía superior", aprovechando su estrecha relación con Leire Díez para influir en los procedimientos administrativos y obtener un rédito económico.
Comisiones a través de sociedades pantalla
Las investigaciones apuntan a que la red intervino de forma irregular en cinco grandes operaciones vinculadas a entidades bajo el paraguas de la SEPI (como Mercasa, Enusa o el Parque Empresarial Principado de Asturias), además de Tubos Reunidos y Forestalia.
En total, la trama habría mediado para facilitar la concesión de ayudas y contratos públicos por valor de 132,9 millones de euros. A cambio de engrasar esta maquinaria, el grupo se habría embolsado al menos 750.614 euros en comisiones.
Para canalizar y ocultar el rastro de estos fondos, los implicados presuntamente utilizaron tres empresas instrumentales:
Servinabar, una mercantil propiedad del empresario Antxon Alonso y de Santos Cerdán, que ya se encontraba bajo la lupa judicial por su presunta vinculación con la trama de amaños de obra pública del conocido 'caso Koldo'.
Mediaciones Martínez, otra sociedad bajo el control de Alonso.
Next Generation Caliope Innova.