La Asamblea Nacional de Senegal aprobó una ley que duplica las penas de prisión por mantener relaciones homosexuales de hasta cinco y diez años de cárcel.
La norma no nace en el vacío: se aprueba en un contexto marcado por una ola de homofobia creciente y una serie de detenciones de personas por presunta homosexualidad en el país africano, y Senegal forma parte de una tendencia continental preocupante. Según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), 32 de los 54 países africanos criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Uganda aprobó en 2023 una de las leyes más severas del continente que incluye la pena de muerte para casos de "homosexualidad agravada". Ghana, Tanzania y Nigeria mantienen legislaciones igualmente represivas, pero lo que distingue el caso senegalés es el agravamiento deliberado de una legislación ya existente: no se trata de crear una ley nueva, sino de endurecer una que ya castigaba a las personas por su orientación sexual duplicando las penas y ampliando el espectro punitivo a quienes financien o promuevan los derechos LGTB.
En muchos países africanos la homofobia ha sido instrumentalizada como herramienta de cohesión política y social, los lideres que impulsan estas leyes suelen presentarlas como una defensa de los valores tradicionales frente a una supuesta imposición cultural occidental. Es un argumento que tiene una eficacia política innegable: permite desviar la atención de problemas estructurales como la pobreza, el desempleo o la corrupción, y canalizar la frustración social hacia una minoría que carece de capacidad de respuesta política. El resultado es una legislación que no resuelve ningún problema real, pero que causa un daño inmenso a las personas.
Porque detrás de las cifras y los artículos legales hay vidas. Hay personas que serán encarceladas durante una década por amar a quien aman, hay activistas que serán procesados por defender derechos que las Naciones Unidas reconocen como universales, hay organizaciones de la sociedad civil que perderán su financiación y su capacidad de operar porque la ley las convierte en cómplices de un delito que no debería existir. La penalización de la promoción y la financiación de la homosexualidad es una ley mordaza que busca silenciar cualquier voz que cuestione la persecución institucional de las personas LGTB.
La Union Europea ha condenado repetidamente este tipo de legislaciones. En febrero de 2026, el Parlamento Europeo blindaba el matrimonio igualitario, en un movimiento que contrasta radicalmente con la dirección que toman países como Senegal. El panorama global es contradictorio: mientras algunas regiones avanzan en el reconocimiento de derechos, otras retroceden hacia formas de represión que la comunidad internacional creía superadas.
Lo que ocurre en Senegal nos interpela directamente, no solo porque los derechos humanos son universales y no admiten excepciones culturales, sino porque la historia demuestra que la persecución legal de una minoría nunca se detiene en esa minoría. Las leyes que criminalizan la identidad abren la puerta a la criminalización de las divergencias, del pensamiento crítico, de cualquier forma de diferencia que resulte incómoda al poder. La ley senegalesa no es solo un problema de Senegal, es un termómetro de hasta dónde puede llegar la instrumentalización política del odio cuando no puede haber resistencia.
Por. Jimena Moreiras Bernabé, defensora de los Derechos Humanos