El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes el real decreto que aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeros no acompañados de las comunidades autónomas, que asigna a Castilla y León un total de 833 plazas.
El real decreto prevé, según recogió la Agencia Ical, la posibilidad de realizar una redistribución de personas menores de edad extranjeras no acompañadas entre comunidades y ciudades autónomas en caso de declararse una situación de contingencia migratoria extraordinaria, aplicando una fórmula de solidaridad equitativa y que pondera el esfuerzo realizado por cada territorio en la atención a las personas menores de edad extranjeras no acompañadas. No en vano, en la actualidad, Canarias, Ceuta y Melilla triplican su capacidad ordinaria.
Tal y como aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada, las plazas en el conjunto de España ascienden a 17.081 plazas, con Andalucía (3.009) y Cataluña (2.829) a la cabeza, seguida de Madrid (2.471) y Valencia (1.903).
Imposible
Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, aseguró que es “absolutamente imposible” que la Junta se haga cargo de 833 menores tutelados, ya que esta cifra supera cinco veces "la capacidad real que tiene unos servicios de protección que ya están colapsados”.
Pollán insistió en que el pacto del gobierno con el PP regirá los destinos de la Junta y recalcó que se opondrán con todos los medios que estén en su mano a este reparto “oscuro y sin contar con las comunidades autónomas”.
El vicepresidente primero, además de remarca que Castilla y León no puede asumir la cifra del Gobierno, indicó que lo primero que tienen que saber es si son o no menores. En este sentido, apuntó que en Aragón más del 90 por ciento de las pruebas han demostrado que no se trataba de menores.
Por su parte y, ante el informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León sobre las recomendaciones de reforzar las políticas activas para la integración laboral de los inmigrantes, Pollán expresó que el documento parte de una premisa que es “un problema” al hablar de personas que están de forma irregular en España. “Todo lo que se haga a partir de eso tiene dudosa efectividad”, recalcó.
Por último, se refirió a las más de 40.000 solicitudes registradas para la regularización de inmigrantes, proceso que según recordó ha sido recurrido por la Junta e insistió en que se trata de una muestra más de las políticas “oscuras” del gobierno de Pedro Sánchez, concluyó.
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