La Agencia Tributaria ha notificado a la Audiencia Nacional la apertura de una investigación fiscal contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, sus hijas y el empresario Julio Martínez. Esta inspección, que revisa sus ingresos entre 2021 y 2024, se cruza con las pesquisas penales del 'caso Plus Ultra', por lo que Hacienda ha solicitado al juez José Luis Calama que decida si debe paralizar o continuar con los expedientes administrativos.
La lupa de la Agencia Tributaria se centra en desentrañar la situación financiera del entorno del exlíder socialista y de varias empresas. Para no interferir en los plazos de prescripción de la deuda ni chocar con el proceso penal en curso, el fisco ha consultado a la justicia sobre cómo proceder, ya que solo puede suspender sus inspecciones si existe una orden judicial que determine una "prejudicialidad penal". Ante esta encrucijada, el juez José Luis Calama ha emitido una providencia para ceder el testigo al Ministerio Fiscal, que será el encargado de redactar un informe para orientar la decisión final.
El alcance de la inspección
La revisión de Hacienda abarca múltiples frentes tributarios tanto para los acusados como para las personas jurídicas involucradas. Según consta en el auto judicial, los inspectores están rastreando posibles irregularidades en los siguientes conceptos: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
El hallazgo de las joyas: el fisco como perjudicado
En paralelo a esta inspección general, la Agencia Tributaria ha dado un paso al frente en una de las ramificaciones más llamativas de la investigación. El fisco ha logrado personarse como parte perjudicada -representada por la Abogacía del Estado- en la pieza separada que indaga el hallazgo de un lote de joyas en la oficina del expresidente.
Una tasación preliminar valoró este botín en 1,3 millones de euros. Para el magistrado, el origen y la posesión de este patrimonio no declarado podría enmarcarse en una presunta doble infracción penal, un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando.
El juzgado entiende que estos hechos suponen un golpe directo a los ingresos del Estado, legitimando así la intervención activa de Hacienda en el proceso para reclamar las posibles responsabilidades civiles y penales que correspondan.
El origen del caso
Toda esta maquinaria judicial y administrativa nace de los indicios, más o menos cogidos con alfileres, que señalan que José Luis Rodríguez Zapatero, su familia y su amigo, el empresario Julio Martínez, habrían tejido una red de intermediación. Según la investigación, el objetivo de esta supuesta estructura era influir ante distintas instancias públicas para lograr tratos de favor hacia terceros, destacando de manera central las gestiones realizadas en beneficio de la aerolínea Plus Ultra.
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