El Ministerio Público ha respaldado formalmente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su petición al juez para acceder de forma íntegra a la información tributaria y de la Seguridad Social de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La solicitud también incluye al presidente de Quirón Prevención, Francisco Javier Camino, y a su esposa, María Gloria Carrasco, con el objetivo de rastrear todos sus movimientos económicos desde el año 2014 para avanzar en la investigación.
El origen de este nuevo requerimiento, adelantado por la cadena SER, radica en las limitaciones impuestas previamente por el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, el magistrado Antonio Viejo. El pasado mes de junio, el juez autorizó el rastreo de las cuentas bancarias de los investigados, pero denegó el acceso a los archivos de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, una documentación que los agentes ya habían reclamado en diciembre.
Ahora, la Fiscalía advierte en su escrito que esta restricción del juzgado "dificulta enormemente" el trabajo policial. La UCO sostiene que carecer de la radiografía fiscal completa de los empresarios impide cumplir con el mandato judicial de esclarecer los hechos.
Cruce de datos para aflorar irregularidades
Para los investigadores de la Guardia Civil, disponer únicamente de los movimientos bancarios es insuficiente. Necesitan cruzar esos números con las declaraciones de impuestos para realizar un trabajo eficaz. Consideran que ambas vías son "informaciones complementarias" cuyo análisis conjunto resulta indispensable para detectar discrepancias, aflorar flujos de dinero no declarados o identificar ingresos que no se correspondan con la realidad comercial observada.
El Ministerio Público hace suyo este argumento y muestra su incomprensión ante la negativa del juez. El fiscal expone que el magistrado ya autorizó en su momento la intromisión más severa en la intimidad económica de los implicados al abrir sus cuentas bancarias. Por ello, considera ilógico bloquear el acceso a unos datos fiscales que son mucho menos invasivos y que, de hecho, ya obran en poder del propio Estado.
Riesgo de retrasos y presión de las acusaciones
En su escrito, la Fiscalía también alerta de las consecuencias procesales de esta traba. Argumenta que posponer la entrega de los documentos tributarios solo sirve para alargar la instrucción del caso de forma innecesaria, lo que termina perjudicando tanto al interés público como a los propios investigados.
Esta nueva ofensiva para recabar documentación económica llega en una semana clave para el procedimiento. Apenas 24 horas antes, las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid solicitaron formalmente ampliar las pesquisas sobre González Amador, Camino y Carrasco para determinar si incurrieron en nuevos delitos fiscales, estrechando aún más el cerco sobre su actividad empresarial.
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