No es la primera vez que en la España democrática vemos la utilización del asedio mediático y judicial como herramienta de desestabilización política cuando las urnas no resultan favorables a la derecha patria. Febrero de 1998 dejó para la posteridad una confesión indispensable para entender este fenómeno: Luis María Ansón, una de las figuras más influyentes del periodismo de la época, admitió en una entrevista que un sector de la prensa y los poderes fácticos españoles orquestaron una estrategia de acoso y derribo contra el gobierno de Felipe González. El fin justificaba los medios para evitar la perpetuación de un líder de carisma formidable, medios que según sus propias palabras, rozaron la estabilidad del Estado.
Aquel episodio confirmó la existencia de un bautizado 'sindicato del Crimen' (según terminología de la época) y nos mostró una realidad incómoda: cuando la crítica política normalizada es incapaz de desgastar al adversario, se activa una maquinaria destinada a quebrar la convivencia mediante la cultura de la crispación. Ansón justificó aquella desmesura bajo el pretexto de una supuesta salud democrática que exigía la alternancia. Sin embargo, lo que realmente se inoculó en el tejido social fue el peligroso virus de la normalidad a la hora de deslegitimar al gobernante (sobre todo si es de izquierdas).
Casi tres décadas después, el escenario político actual ofrece una rima histórica inquietante y con muchas similitudes del pasado. El gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una ofensiva que, en su esencia, comparte el mismo código genético que aquella que asfixió el tramo final de los gobiernos de González. El buen hacer y la incombustible “resiliencia” del actual y legítimo Presidente del Gobierno han vuelto a activar los resortes de un sector político, mediático y judicial, que considera su permanencia en el poder como una anomalía que debe ser corregida por cualquier vía.
No obstante, existen diferencias sustanciales en el “modus operandi” actual que revelan una preocupante evolución del ecosistema. Si en los años noventa la estrategia se concentraba en la amplificación desmesurada de escándalos reales de corrupción y terrorismo de Estado, hoy asistimos a la era de la "postverdad" y el “lawfare” (la instrumentalización de la justicia con fines políticos). La actual guerra contra Sánchez no necesita siempre de hechos probados pues se nutre de la difusión masiva de bulos creados en pseudomedios, denuncias basadas en recortes de prensa sin pruebas y una polarización que busca deshumanizar por completo al adversario.
La confesión de Anson en 1998 fue, en el fondo, un ejercicio de soberbia ilustrada: un grupo de notables decidiendo el destino de la nación al margen de los cauces electorales ordinarios. En la actualidad, el fenómeno se ha democratizado en su forma pero envilecido en su fondo. Las redes sociales y la financiación opaca de ciertos medios de comunicación (si se les puede llamar así) actúan como altavoces de un ruido ensordecedor que ya no solo roza la estabilidad del Estado, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones básicas del mismo.
La lección que nos dejó la cruda honestidad de Anson es que la desmesura tiene un precio alto para la democracia. Al igual que entonces, la actual campaña contra el Presidente del Gobierno demuestra que la derecha mediática y política española carece de una preocupante falta de sentido democrático. Cuando los mecanismos ordinarios de la oposición fracasan ante la resistencia del gobernante, la tentación de quemar los puentes de la moderación se vuelve irresistible, sin importar que las cenizas resultantes terminen por sepultar la salud del propio sistema.
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