En plena polémica por el artículo racista de M. Rajoy, la Audiencia Provincial de Badajoz ha emitido la sentencia en la que impone una pena de nueve años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Los magistrados concluyen que actuó como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa al participar en un proceso de contratación irregular orquestado en 2017 por la Diputación de Badajoz. El tribunal determina, apoyándose en la deducación del teniente coronel Bala, de la UCO, y en las propias inferencias de los magistrados, que el músico sabía que el puesto se había creado exclusivamente para él y simuló participar en un proceso de selección para darle apariencia de legalidad.
El fallo judicial, que se extiende a lo largo de casi 400 folios, sostiene que las más altas esferas de la institución provincial idearon un plan para beneficiar a David Sánchez. Los jueces señalan que la Diputación priorizó el interés particular sobre el general al diseñar puestos directivos que resultaban innecesarios y carecían de contenido real.
Esta práctica afectó a las siguientes plazas creadas de forma arbitraria:
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Coordinador de las Actividades de los Conservatorios, adjudicada a David Sánchez (quien posteriormente pasó a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas).
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Un puesto de alta dirección, también huérfano de funciones, entregado en comisión de servicio a Luis Carrero, amigo personal de Sánchez y exasesor gubernamental.
La sentencia subraya que el hermano del presidente logró adaptar las condiciones laborales a sus preferencias personales, obteniendo privilegios como evitar la asistencia diaria a un despacho para centrarse en la ópera, y desarrollando sus actividades "sin control alguno", según señala el fallo.
Condena por indicios y rechazo al tráfico de influencias
Al tratarse de un delito "de despacho", según la sentencia, cometido dentro de una corporación fuertemente jerarquizada, el tribunal reconoce que la condena se fundamenta en indicios sólidos y no en pruebas directas. Uno de los elementos clave señalados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue un correo electrónico interno en el que altos cargos educativos se referían a él como el "hermanísimo", evidenciando que el destino de la plaza era un secreto a voces.
Sin embargo, la Audiencia absuelve a los once acusados del delito de tráfico de influencias. Los magistrados argumentan que las acusaciones populares no lograron demostrar que David Sánchez utilizara su parentesco con Pedro Sánchez para presionar a los funcionarios, ni que existiera una influencia directa sobre quienes diseñaron los contratos.
La hipótesis política y el toque de atención ético
A falta de pruebas directas sobre el motivo exacto que impulsó esta contratación irregular, el tribunal plantea una hipótesis: el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, habría facilitado este trato de favor para congraciarse con el actual presidente del Ejecutivo tras haber apoyado a su rival interna, Susana Díaz, en las primarias socialistas.
Más allá de lo penal, los magistrados lanzan una dura advertencia contra el "enchufismo" y el nepotismo. Califican estas conductas de poco éticas, advirtiendo de que fomentan la desigualdad de oportunidades, ignoran los principios de mérito y capacidad, y dañan gravemente la salud democrática de las instituciones. Le dijo la sartén al cazo.
El origen del caso y los próximos pasos
La inhabilitación implica que todos los condenados perderán sus empleos públicos actuales y no podrán presentarse a oposiciones ni otros empleos públicos durante casi una década, aunque David Sánchez ya había renunciado a su cargo durante la fase de instrucción.
El caso arrancó en mayo de 2024 de la mano de la jueza Beatriz Biedma, a raíz de una denuncia basada en recortes de prensa impulsada por la organización de ultraderecha Manos Limpias. Aunque las acusaciones iniciales de fraude fiscal y malversación -basadas en su residencia en Portugal y su patrimonio- resultaron ser falsas y el propio fiscal descartó la existencia de delitos, el proceso culmina ahora con esta condena por la vía administrativa. La sentencia no es firme y los abogados de la defensa ya han anunciado que presentarán un recurso.
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