El Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña han aplaudido el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de la ley de amnistía. Tras la validación comunitaria, los ministros del Gobierno y el presidente catalán, Salvador Illa, exigen a los tribunales españoles que apliquen la norma de forma inmediata a los principales impulsores del 'procés' para culminar la normalización política y social.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado la resolución judicial europea como un aval definitivo a la gestión del Gobierno. Durante una comparecencia institucional, el titular de Justicia remarcó que la norma cumple plenamente con los derechos humanos, la Constitución y el marco legal comunitario, confirmando que el texto legislativo es, a su juicio, "impecable".
Para Félix Bolaños, el recorrido y los efectos de la ley de amnistía demuestran que mereció la pena asumir el desgaste político. El ministro contrastó la grave crisis constitucional e institucional heredada hace casi una década con el actual clima de entendimiento. Según el Ejecutivo, esta herramienta política ha logrado transformar radicalmente el panorama en Cataluña, generando resultados tangibles que resumen en varios puntos clave:
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Consolidación de acuerdos institucionales entre fuerzas con visiones políticas contrapuestas.
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Retorno progresivo de empresas e impulso de inversiones históricas.
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Restauración de la convivencia ciudadana y estabilidad plena.
Pese a que la medida ya beneficia a casi 400 ciudadanos, Félix Bolaños advirtió que el ciclo de normalización solo se cerrará por completo cuando alcance a los líderes políticos que capitanearon el movimiento independentista. Por ello, instó a los órganos jurisdiccionales a despejar definitivamente el horizonte y ejecutar la ley con celeridad.
Cierre de filas y reproches a la oposición
El pronunciamiento del TJUE también ha servido a los socios del Ejecutivo para reivindicar su estrategia y arremeter contra la oposición. El ministro de Transportes, Óscar Puente, tachó de "ridículo europeo" la postura de quienes han cuestionado reiteradamente la legalidad del texto durante los últimos meses.
Desde el espacio de Sumar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió la legitimidad del diálogo interinstitucional como la única vía válida para resolver conflictos políticos enquistados. En una línea más beligerante, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, exigió disculpas públicas al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Ernest Urtasun acusó a los conservadores de mentir sistemáticamente a la ciudadanía y de vivir aislados de la realidad, al tiempo que apremiaba al Tribunal Supremo a dictar resoluciones de aplicación inmediata.
Cataluña mira hacia el futuro
El eco de la celebración gubernamental resonó con idéntica fuerza en Barcelona. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ofreció una declaración oficial desde la Galería Gótica del Palau para reclamar una aplicación "diligente, integral y sin más dilaciones" de la norma por parte de la judicatura española.
Salvador Illa, quien combinó el catalán, el castellano y el inglés en su discurso institucional, zanjó que ya no existen obstáculos democráticos ni constitucionales que frenen el despliegue de la medida de gracia. El dirigente autonómico cerró su intervención garantizando su compromiso de gobernar para toda la ciudadanía, lanzando un mensaje optimista: la decisión europea entierra definitivamente el bloqueo del pasado y abre una nueva etapa de liderazgo, diálogo y esperanza para la sociedad catalana.
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