La Audiencia de Madrid ha acordado sentar en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que sea juzgada por un tribunal de jurado popular acusada de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Los magistrados rebajan la presión judicial sobre ella al archivar dos de los cargos que mantenía el juez instructor, Juan Carlos Peinado, y ordenan el levantamiento inmediato de todas sus medidas cautelares.
El tribunal madrileño ha emitido un auto que redefine el alcance de la investigación original y modifica la situación procesal de los principales implicados en la causa:
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Begoña Gómez: Se enfrentará a un jurado popular por tráfico de influencias y malversación. La Sala le retira la prohibición de abandonar el territorio nacional, le devuelve el pasaporte y anula la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días, aunque advierte que deberá estar localizable en todo momento.
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Cristina Álvarez: La asesora acudirá al juicio con jurado, pero responderá de manera exclusiva por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
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Juan Carlos Barrabés: El empresario queda fuera del tribunal popular. Su caso se investigará a través de un procedimiento abreviado independiente, centrado en determinar la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos que recibió.
El Gobierno y el PSOE denuncian una "cacería" judicial
La decisión de la Audiencia ha provocado una respuesta inmediata en bloque desde el Palacio de La Moncloa y las filas socialistas, quienes defienden categóricamente la inocencia de Begoña Gómez. El entorno del Ejecutivo enmarca el proceso en una "causa política" impulsada por denuncias de la ultraderecha y fundamentada en informaciones falsas, con el único objetivo de acosar y desgastar al presidente del Gobierno.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha calificado el proceso judicial como una "cacería política obscena". Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recurrido a la ironía para cuestionar los tiempos de la justicia, sugiriendo que la publicación de este auto busca desviar la atención mediática justo el mismo día que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la ley de amnistía.
El Partido Popular eleva el tono ante el cerco judicial
En el extremo opuesto, el Partido Popular ha aprovechado la resolución para endurecer su ofensiva contra el Ejecutivo. Desde la formación conservadora subrayan la gravedad de que la esposa del presidente vaya a someterse al veredicto de un jurado, un hecho que enlazan con la reciente condena por prevaricación dictada esta misma semana contra el hermano del líder socialista.
Para el PP, el escenario actual constituye una anomalía "inconcebible en cualquier democracia europea" y sin precedentes en la historia de España. Los populares exigen no normalizar esta situación y acusan al Gobierno y al PSOE de acumular más de un centenar de imputaciones vinculadas a presuntos casos de corrupción.
El inminente juicio con jurado popular no solo determinará las responsabilidades penales de los acusados, sino que promete convertirse en uno de los episodios judiciales con mayor impacto y polarización política de la legislatura.
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