Julio Martínez Martínez, empresario y ya examigo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha ratificado ante el juez Calama en la Audiencia Nacional que el exjefe del Ejecutivo medió activamente para conseguir el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Durante más de tres horas de declaración, el imputado confirmó que el exmandatario se embolsó una comisión del 1% de la ayuda estatal -unos 530.000 euros-, aunque aseguró desconocer con qué cargos del Gobierno o de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) cerró el acuerdo.
El empresario ha mantenido punto por punto el escrito que remitió al juzgado horas antes de su comparecencia. Según su testimonio, Zapatero utilizaba la empresa Análisis Relevante como plataforma para sus negocios. Aunque Martínez figuraba como accionista mayoritario, era el expresidente quien lideraba la estrategia y captaba a los clientes gracias a su estatus político.
En este entramado, el declarante aportó varios datos clave sobre la presunta operativa económica. Dicxe que Zapatero cobraba 5.000 euros al mes y pactó llevarse el 1% del rescate de la aerolínea, que el xpresidente anticipó a su socio que la SEPI iba a conceder el préstamo días antes de que el Consejo de Ministros lo aprobara oficialmente y que la sociedad Whatthefav, propiedad de las hijas del expresidente, cobró de la empresa de Martínez hasta 2022 sin realizar ningún trabajo real.
Afirmó que contactó con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a través de Zapatero, a quien definió como un consultor muy cotizado para "gestiones complejas" en el país sudamericano, y descartó que llegaran a constituir una sociedad opaca en Emiratos Árabes Unidos para ocultar el dinero, aunque admitió que celebraron una comida preparatoria con el socialista Tomás Guerrero.
La cúpula de Plus Ultra confirma los pagos
La versión de Martínez no es la única que apunta al expresidente. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, también han enviado escritos al juez donde admiten que abonaron "elevadas cantidades" a cambio de labores de "acompañamiento".
Los directivos detallaron cómo se fraguó el acuerdo. Afirman que el 30 de abril de 2020, Zapatero llamó a Martínez Sola desde un número oculto. Durante diez minutos, el directivo le expuso la crisis de la empresa y la necesidad de un crédito estatal.
Según su versión, el expresidente se ofreció a ayudar, prometió hacer "las gestiones oportunas" y derivó todas las comunicaciones a su hombre de confianza: Julio Martínez Martínez.
Los directivos reconocen la veracidad de los mensajes intervenidos al empresario Rodolfo Reyes, donde se hablaba explícitamente del "presidente", de "Zapatero", de una "finance boutique" y de una "mordida".
Ante esta situación, Plus Ultra ha anunciado una investigación interna y ha ofrecido su máxima colaboración a la justicia.
Dinero negro y sobres en chino
Durante el interrogatorio, el magistrado exigió concreción sobre los hallazgos policiales en el domicilio de Martínez Martínez. Los agentes encontraron 286.000 euros en efectivo ocultos en los muebles, un dinero que el empresario reconoció como "negro" y sin declarar. Atribuyó esta cantidad a viejas operaciones inmobiliarias, pero no supo justificar su origen exacto ni por qué guardaba sobres con anotaciones en idioma chino.
El Gobierno cierra filas y achaca la confesión a una estrategia judicial
Pese al giro de guion de los implicados, el Gobierno mantiene una defensa férrea de Zapatero. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha reclamado respeto por la presunción de inocencia y ha defendido que el rescate a la aerolínea cumplió con todos los trámites legales, recibiendo el aval de los técnicos de la SEPI, del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Europea.
La exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ido un paso más allá y ha restado credibilidad al testimonio del socio de Zapatero. Montero enmarca esta confesión en una estrategia de defensa inspirada en el 'caso Aldama', sugiriendo que los empresarios mienten e implican a terceros con el único objetivo de conseguir beneficios penitenciarios y evitar la cárcel.
Por su parte, los socios de coalición exigen respuestas. Desde Sumar, Yolanda Díaz ha pedido prudencia frente a la actuación judicial, pero ha reclamado a Zapatero que dé explicaciones públicas ante la "inquietud y tristeza" de la ciudadanía. Mucho más duro se ha mostrado Alberto Ibáñez, de Compromís, quien considera que los hechos reconocidos son "políticamente inasumibles" y advierte que el expresidente podría haber cruzado la fina línea entre el trabajo de lobby y el cobro de comisiones ilegales.
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