El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un nuevo recurso ante el juez Calama para exigir que se excluyan del caso Plus Ultra los informes policiales sobre su patrimonio personal. La defensa del expresidente acusa a los investigadores de iniciar una causa general sobre su vida y la de su familia, rastreando sus ingresos de los últimos cinco años sin la debida autorización judicial y vulnerando sus derechos fundamentales.
El equipo legal del exmandatario centra sus críticas en un informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que, aseguran, disecciona al detalle las finanzas de Zapatero, su esposa y sus hijas. Según el escrito remitido a la Audiencia Nacional, este escrutinio supone una "intromisión ilegítima en la intimidad", ya que la Policía accedió a los datos bancarios del ex jefe del Ejecutivo sin un mandamiento judicial específico.
El abogado subraya que el objetivo de la causa es aclarar el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en 2021, por el cual el expresidente presuntamente cobró una comisión del 1%. Sin embargo, denuncia que los agentes utilizan este caso como una "puerta de entrada" para explorar toda la economía del investigado.
Entre las presuntas irregularidades señaladas por la defensa se incluye la ausencia de cobertura legal, ya que el nombre de Zapatero no figuraba en el decreto de la Fiscalía que autorizaba investigar las cuentas de otras nueve personas y empresas (entre ellas Whatthefav, la sociedad de sus hijas). También destaca la inclusión de terceros no implicados, porque el informe policial elabora un inventario exhaustivo de todos los pagadores del exmandatario, analizando ingresos de clientes que no tienen relación alguna con la aerolínea, la inclusión de empresas ajenas al caso, debido a que el análisis incorpora pagos a sociedades como Focus Social Research, que no aparecían en los autos judiciales que delimitan la investigación.
Frenar nuevas líneas de investigación
Para el letrado, este análisis financiero es un manual de "investigación prospectiva", una práctica que prohíbe la Ley de Enjuiciamiento Criminal al impedir que se busque información al azar para descubrir posibles delitos futuros. La defensa advierte que confeccionar una lista con todos los pagadores del socialista no ayuda a esclarecer el rescate de Plus Ultra, sino que busca que "cada nombre de la lista se pueda convertir en un hilo del que tirar más adelante".
Ante esta situación, Zapatero exige al tribunal que ordene a la UDEF abstenerse de analizar cualquier actividad profesional, económica o personal que resulte ajena al caso. Además, el escrito afea a los investigadores que califiquen al expresidente como el líder estratégico de una "red organizada y estable" dedicada al tráfico de influencias.
Un recurso en pleno cerco judicial
El contraataque legal de Zapatero llega en el momento más delicado de la instrucción. Su escrito aterrizó en el juzgado el mismo día en que su socio, el empresario Julio Martínez Martínez, y la cúpula directiva de Plus Ultra ratificaban ante el magistrado que el exdirigente medió activamente para conseguir la ayuda pública y pactó cobrar por ello.
Este escenario se suma a los frentes que el exmandatario dejó abiertos en su propia comparecencia como imputado hace más de un mes. En aquella declaración ante el juez Calama, Zapatero pidió más tiempo para recopilar documentación que explicara el origen de unas joyas halladas durante el registro de su despacho, unas explicaciones que, a día de hoy, todavía no ha proporcionado a la justicia.
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