El juicio por el caso Kitchen encara su recta final con el turno de las defensas. Los abogados del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de su antiguo secretario de Estado, Francisco Martínez, han exigido la absolución de sus clientes. Frente a la Fiscalía, que describe una trama parapolicial diseñada para destruir pruebas en manos de Bárcenas para encubrir la corrupción del Partido Popular (PP), los letrados argumentan que el espionaje al extesorero edl PP fue, en realidad, un dispositivo de inteligencia completamente legal cuyo único objetivo era localizar su dinero oculto.
Las defensas de los máximos responsables de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy han tratado de desmontar la tesis principal de las acusaciones. El abogado de Fernández Díaz ha asegurado que a su cliente "le daba exactamente igual" la información que Luis Bárcenas pudiera guardar sobre los dirigentes conservadores y que jamás tuvo interés en hacerse con esos papeles.
En la misma línea, el representante legal de Francisco Martínez ha defendido la legitimidad del operativo. Según su versión, no investigar el entorno del extesorero habría supuesto una grave negligencia. Para esta defensa, la captación del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, mediante el uso de fondos reservados fue un procedimiento policial estandarizado, argumentando que retribuir a un confidente en el marco de una operación lícita no constituye ningún delito. Además, han subrayado que nunca existió una orden política desde la cúpula del Ministerio ni desde el PP para orquestar el dispositivo.
Buscan el descrédito de las pruebas
Lejos de mostrar un frente unido, las conclusiones han evidenciado grietas entre los propios exaltos cargos. El abogado del exministro ha marcado distancias con su antiguo número dos al restar validez a los mensajes telefónicos que Martínez registró ante notario para implicar a su superior. La defensa ha insistido en que esos textos no figuraban en el teléfono móvil que Fernández Díaz entregó voluntariamente a la Justicia, insinuando una manipulación y denunciando una inversión en la carga de la prueba.
Ambas defensas sí han coincidido en lanzar una ofensiva contra las principales pruebas de cargo del juicio.
Las agendas y audios de Villarejo: Han calificado al excomisario José Manuel Villarejo de fabulador, argumentando que sus cuadernos carecen de valor incriminatorio y que sus grabaciones no son espontáneas, sino "dirigidas" para extorsionar.
Los testimonios: Han desacreditado rotundamente la declaración del empresario Javier Pérez Dolset, insinuando que intentó pactar con la Fiscalía a cambio de aportar audios que, según sugieren, podrían estar manipulados.
El pulso final con la Fiscalía y las acusaciones
Estos argumentos chocan con el relato de la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene intacta su visión del caso. Para el Ministerio Público, el objetivo real de la Operación Kitchen en 2013 no era encontrar dinero, sino sustraer material sensible para boicotear la investigación judicial del caso Gürtel y proteger a la cúpula del partido.
Por ello, las peticiones de condena del fiscal y de las distintas acusaciones se mantienen elevadas, aunque algunas partes las han rebajado en este tramo final del proceso:
José Manuel Villarejo: La Fiscalía pide 19 años de cárcel, la pena más alta, por captar al chófer y coordinar el espionaje.
Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez: Se enfrentan a una petición fiscal de 15 años de prisión por malversación, encubrimiento y delitos contra la intimidad.
Cúpula policial de la época: Anticorrupción reclama 15 años para el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo.
Sergio Ríos (ex chófer): Afronta una petición de 12 años y cinco meses.
Acusaciones particulares: La familia Bárcenas ha reducido drásticamente sus exigencias iniciales, pasando de 41 a 17 años y medio de cárcel para los principales acusados, un movimiento similar al que han realizado el PSOE y Podemos.
Con la finalización de los informes de las defensas, el tribunal abrirá el turno para que los procesados ejerzan su derecho a la última palabra. Tras este trámite, uno de los juicios más complejos sobre el uso de las instituciones del Estado quedará finalmente visto para sentencia.
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