El PSOE en la Diputación denunció este lunes lo que parece un nuevo caso de presunto amiguismo en la Diputación, en esta oportunidad en las altas esferas y con suculentos honorarios para el beneficiario, un exdirigente del PP canario del que se sospecha que ni siquiera ha pisado Salamanca.
Y eso que fue designado administrador concursal en representación del Regtsa (el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca), para representar los intereses del organismo dependiente de la Diputación en tres procesos concursales en los que se vieron envueltas tres empresas del Grupo de Mariano Rodríguez en 2011: Forum Resort, Jamón Salamanca y PAS.
El Regtsa dispone de funcionarios más que cualificados para haber desempeñado ese papel y, si hubiese querido buscar uno externo, sólo el colegio oficial de Abogados de Salamanca tiene una lista con unos 200 profesionales que podrían hacerlo.
Pero Regtsa decidió designar como representante a Rafael Ángel de León Expósito, un exdirigente del PP canario y exconsejero popular en el ejecutivo isleño, que habría cobrado “cientos de miles de euros” por sus servicios, según explicó este lunes el diputado provincial socialista Manuel Ambrosio Sánchez.
De León justificó en su día que tenía su domicilio en Plaza España 5-6, un conocido edificio de oficinas, según señaló Sánchez, lo cual pone en tela de juicio la veracidad de la información facilitada por De León. Sánchez añadió que “tenemos una constancia que su presencia en Salamanca ha sido nula. Ni hay oficinas a su nombre en Salamanca”, comentó.
Refrendado por Iglesias y De la Torre
Sánchez precisó que primero la diputada de Economía y vicepresidenta del Regtsa, Chabela de la Torre, y luego el presidente de la Diputación y del Regtsa, Javier Iglesias, sancionaron la designación de De León como representante del Regtsa en los concursos.
Asegura que se trata de una “extraña y poco ética designación del PP en la Diputación y en concreto de Javier Iglesias y Chabela de la Torre”.
El diputado socialista asegura que con los cientos de miles de euros que habría cobrado el exdirigente del PP canario se podría haber mejorado la situación financiera de las empresas concursadas e, incluso, destinar parte de ese dinero a pagar a los proveedores más débiles de las empresas de Mariano Rodríguez, que son los que suelen quedarse sin cobrar en estos concursos.
