La Inspección del Ministerio de Trabajo y Economía Social detectó 354 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) de carácter fraudulento desde que se inició la pandemia en Castilla y León, el seis por ciento del total nacional, que asciende a 5.832. Estas infracciones en la Comunidad suman 1,38 millones en sanciones por parte del departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, según pudo conocer la agencia Ical.
El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, y el secretario de Acción Sindical de UGT CyL, Raúl Santa Eufemia, volvieron a cargar este lunes contra la consejera de Empleo e Industria de la Junta, Carlota Amigo, porque deja de nuevo fuera de los complementos a los ERTE a 20.000 trabajadores en la Comunidad, con la convocatoria publicada del pasado 3 de diciembre.
A los problemas surgidos por la COVID-19 la consejera también ha sumado los que vienen del incremento de los costes salariales o la subida de la energía.
Castilla y León cerró el mes de junio con un total de 17.303 trabajadores protegidos por una situación de suspensión total o parcial por ERTE, lo que supuso un descenso del 21,63 por ciento con respecto a mayo, que concluyó con 22.079 trabajadores en esta situación. De ese número, el 17,18 por ciento (3.795) fue por fuerza mayor, según datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este jueves al Real Decreto-ley para la defensa del empleo y la reactivación económica y para la protección de los trabajadores autónomos, que incluye la prórroga los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre de 2021, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia. Esta medida afecta a casi 5.000 salmantinos.
Un total de 3.524 trabajadores de Castilla y León han solicitado la ayuda económica habilitada por la Consejería de Empleo e Industria para compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los trabajadores que se han visto afectados por un expediente temporal de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
Castilla y León cerró el mes de abril con un total de 24.413 trabajadores protegidos por una situación de suspensión total o parcial por ERTE, lo que supuso un 22 por ciento menos que en el mes de marzo, que concluyó con 31.360 trabajadores en esta situación.
Castilla y León cerró el mes de febrero con un total de 40.323 trabajadores protegidos por una situación de suspensión total o parcial por ERTE, por encima de los 29.151 del mes de enero, lo que supuso un brusco repunte del 38 por ciento. De ellos, 7.109, el 17 por ciento, se encontraban en situación de ERTE por fuerza mayor, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por la Agencia Ical.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 225 infracciones en el cobro de ERTES durante el año 2020, de un total de 2.578 inspecciones post-ERTE, un 8,72%, con el objetivo de detectar posibles fraudes. La Inspección realizó, además, otros 11.464 informes previos a su aprobación, a instancias de la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma. En Salamanca se han detectado 4 ertes fraudulentos con una cantidad defraudada de 13.00 0euros, una de la cifra más baja de la región.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, calificó este jueves de “sorprendente” la critica sobre el cumplimiento de la ayuda complementaria a los ERTE cuando hay 15 comunidades gobernadas por el PSOE y en alguna de ellas con el apoyo de Podemos en las que no existe esa prestación.
