El presidente del PP, Pablo Casado, condicionó este lunes el apoyo de su partido al estado de alarma decretado ayer por el Gobierno a dos cuestiones: su limitación en el tiempo a ocho semanas y a la aprobación durante ese tiempo de una reforma de la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986.
El Consejo de Ministros extraordinario de este domingo aprobó el real decreto ley que establece un nuevo estado de alarma a nivel nacional desde hoy y durante seis meses. Lo presentará la próxima semana para su aprobación en el Parlamento hasta el 9 de mayo, rindiendo cuentas en el Congreso cada quince días.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, descartó este jueves, 3 de septiembre, la solicitud de un estado de alarma regional ya que “no estamos para tomar medidas de estas características” en el momento actual, y pidió al Gobierno de España “estar, junto a las Comunidades Autónomas, en la primera línea” de la lucha contra el virus, que según el presidente de la Junta “no entiende de colores políticos ni de fronteras territoriales”.
El Ayuntamiento de Valladolid anunció este martes que recurrirá ante los Tribunales de Justicia la Orden emitida unas horas antes por la Junta de Castilla y León de medidas preventivas frente al coronavirus COVID-19 en Salamanca y Valladolid, al estimar que «no están justificadas, son incoherentes con otras actividades que sí se permiten y causan perjuicios a personas y empresas contratadas para la organización de eventos» durante los próximos días en la capital vallisoletana.
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, acusó este miércoles al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de alinearse “más con su partido y con la postura de Pablo Casado que con la salud de los castellanos y leoneses”. “Da la sensación de que el PP antepone su propia estrategia política a la salud de los ciudadanos”, afirmó tras las declaraciones del presidente autonómico advirtiendo al presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, de que la solución «no es ofrecer» a las autonomías la posibilidad de solicitar el estado de alarma para su territorio.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió este miércoles liderazgo al Gobierno de Pedro Sánchez y criterios objetivos y comunes en caso de que las comunidades tengan que solicitar el estado de alarma en sus territorios para prevenir los contagios de Covid-19.
El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, afirmó este miércoles que “sólo” pide a la Junta que “gobierne bien” y se mostró sorprendido de que “actúe de forma más responsable la oposición que el propio Gobierno”. Al respecto, subrayó que el vicepresidente primero y portavoz, Francisco Igea, “ha logrado algo inaudito, que en Castilla y León no haya presidente” -en referencia a Alfonso Fernández Mañueco-, y le advirtió de que “no logrará que no haya líder de la oposición”. “Que abandone toda esperanza”, le avisó.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, indicó este martes que si es necesario el Gobierno regional solicitará al Consejo de Ministros la declaración de un estado de alarma regional, pero matizó que “no es el momento”. “Preferimos implementar todas las medidas posibles antes.
No se han estrujado mucho las meninges los de la Junta para elaborar el llamado “decreto de la nueva normalidad” que regula lo que se puede y no se puede hacer en Castilla y León tras el estado de alarma. Si el texto publicado el pasado sábado en el Bocyl se sometiera a uno de esos programas de detección de plagios, se comprobaría su alto grado de literalidad con el decreto de la Xunta publicado una semana antes en el “Diario Oficial de Galicia”.
Nada es igual ni lo será en mucho tiempo. 99 días de estado de alarma en Salamanca (y el resto de España) dan para mucho. Primero, para ver cómo todo lo que hacíamos con normalidad pasa a ser extraordinario; hasta los simples gestos de abrazar e ir a por el pan eran toda una odisea. Estas son las imágenes que pasarán a la historia.