El mercado inmobiliario de Salamanca sigue sin levantar cabeza. El año pasado se vendieron más viviendas que el anterior, pero por un importe inferior.
La Plataforma Stop Desahucios Salamanca se concentró este jueves frente a las puertas de la oficina principal del BBVA, en la calle Toro. Las familias afectadas exigen al BBVA soluciones urgentes para sus casos.
José Ramón González Clavijo, presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, da la cara en un momento especialmente delicado para la justicia española, tras la decisión del Supremo sobre las hipotecas, y a los pocos días, el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el máximo órgano de los jueces. «Nunca hemos estado tan cuestionados como en estos momentos».
Decenas de personas participaron este sábado en la concentración celebrada ante la Audiencia Provincial para protestar por la decisión del Tribunal Supremo de retractarse de su sentencia en la que condenaba a la banca a pagar el impuesto sobre las hipotecas, que desde que se creó, en 1993, recaía sobre el cliente.
El Ejecutivo ha aprobado el cambio de dos artículos de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que la banca asuma desde el sábado el pago del tributo a las hipotecas. Además, ha acordado una serie de medidas urgentes para mejorar la gestión de las carreteras y la seguridad vial.
Después del descontento popular generado a causa de la decisión del Tribunal Supremo de que sea el cliente y no la banca quien pague el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobará un decreto para modificar la ley que regula dicho impuesto.
El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo acordó este martes, por 15 votos a 13, la desestimación de los recursos planteados y volver al criterio inicial, según el cual, el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los préstamos hipotecarios será el prestatario, es decir, el cliente, según informaron fuentes del Tribunal Supremo a través de un comunicado.
Castilla y León espera la decisión del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de las hipotecas, donde podrían reclamarse unas 50.000 liquidaciones de los últimos cuatro años, con un importe de 120 millones de euros. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró hace unos días que la Junta de Castilla y León estaba «preparada» para cualquier eventualidad.
El presidente de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), Luis María Díez-Picazo, ha convocado para el próximo 5 de noviembre el Pleno en el que se establecerá la doctrina sobre quién paga finalmente el impuesto de actos jurídicos documentados: el banco o los clientes, en el caso de los tres recursos pendientes de resolución. El TS confirma que la sentencia dictada y otras dos más, falladas la pasada semana, no serán revisadas, pero advierte de que no serán extensibles a otros casos.
El Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia a favor de la banca señalando que el cliente es quien debe asumir el impuesto generado por la constitución de la hoipoteca, el impuesto de actos jurídicos documentados.
