El alcalde de Salamanca, presidente del PP de Castilla y León y del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional (el órgano que expedienta y echa a los corruptos), Alfonso Fernández Mañueco, ha gastado ya dos oportunidades para esclarecer de forma convincente por qué los hermanos Ignacio y Pablo González, cabecillas de la trama del ‘caso Lezo’ de corrupción en el PP, lo implicaron en el presunto amaño de la adjudicación de las guarderías.
Primero malgastó una ocasión de oro nada más que salió a la luz la grabación de la UCO de la Guardia Civil, en la que Ignacio González le dice a su hermano que el alcalde de Salamanca le ha «prometido» cuatro guarderías municipales en Salamanca: tres en la capital y la cuarta, aún no se sabe, pero bien podría ser la de Villares, donde gobierna su suegro y que en la actualidad explota el grupo Mis Pollitos, cuya dueña se asoció con la mujer de Ignacio González. Esa escuela infantil se iba a licitar este verano.
En esa grabación González dice que conoce «bastante bien» al alcalde de Salamanca, algo que no tendría mucho sentido si, como dice el alcalde, solo conoce a los hermanos González (ahora encarcelados) por «el ejercicio de mis funciones públicas» y con los que no tiene «ninguna vinculación ni acuerdo».
No estaban hablando ni del alcalde de Valdemoro, ni de Villaconejos. Era el de Salamanca.
Tampoco hablaban con total naturalidad, sin saber que eran escuchados, de asaltar el Banco de España ni de dar un pelotazo en Botswana. Hablaban de las guarderías infantiles de Salamanca, como le recordó un partido de la oposición en el pleno del viernes.
Era noviembre de 2014 y por entonces ya sabían que se iban a licitar, e incluso algunos detalles, algo que desconocían incluso los partidos de la oposición.
Y curiosamente, en abril se conocieron esos pliegos que, también por casualidad, se ajustaban como un guante a las características de la empresa formada por la dueña de Mis Pollitos (muy afín al PP -ha participado en sus foros de campaña electoral-) y la mujer de Ignacio González.
Requisitos a medida
También curiosamente, se cambiaron los requisitos y se endurecieron sobremanera, para que se le quitaran las ganas de presentarse a la inmensa mayoría de las empresas del sector, pero que sí cumplía ese grupo sospechoso. De hecho, una vez desmontada esa sociedad, no se ha presentado nadie, y el plazo se cierra el 31 de julio.
Tratándose de un negocio de 7,2 millones de euros se podría hablar de cualquier cosa, menos de casualidades de la vida ni de chismes, como calificó Fernando Rodríguez la conversación grabada a los hermanos González. Eso tiene otro nombre.
Dice el alcalde que los que elaboraron la licitación han sido los «técnicos municipales y de la Fundación». De momento les ha endosado esa responsabilidad, pero falta por aclarar si realizaron los pliegos según su experiencia y conocimientos o si alguien les dio instrucciones. Algo que hay que explicar porque nunca se licitó en bloque la gestión de las tres guarderías, incluido el comedor y el mantenimiento, lo cual engorda el negocio hasta los 7,2 millones, de los que queda una rentabilidad cercana al 50%.
Fernando Rodríguez considera que esto es otra ‘caza de brujas’ contra el PP, «un partido honrado», como dijo Fernando Rodríguez (sí, el mismo de las anotaciones manuscritas en B en la campaña de 1999, como le recordaron en el pleno del viernes) y «el alcalde no puede explicar más de lo que ha hecho y dicho».
Esto no es un juicio sobre el presunto trato de favor en Salamanca, como quiere hacer ver el PP local, porque no hay caso (gracias a que la UCO desactivó la trama entre abril y mayo). Ni hay que probar nada.
Las evidencias no necesitan demostración. Y esto es, blanco y en botella.
O sea, un chisme de 7,2 millones sin explicar. Lo demás son ganas de marear.
