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Reclaman la suspensión de la actividad del hotel Corona

Este miércoles quedó visto para sentencia otro juicio de lo contencioso contra Palco III, la empresa constructora del hotel Corona, y Copitasa Oeste, la que explota el negocio hostelero, promovido por la asociación de vecinos Avemur, afectados por la construcción del hotel a un metro del edificio de viviendas que ellos ocupan.

 

Avemur solicitaba que las empresas cumplan las sentencias que anulan el proceso urbanístico y de autorización de actividad y, por lo tanto, cese la actividad del hotel, algo que debería ejecutar el Ayuntamiento, pero como se resiste también era la tercera parte demandada en el juicio.

Si la sentencia acepta (que se conocerá en uno o dos meses) el planteamiento de Avemur el Consistorio estaría obligado a ordenar el cierre del hotel, porque actualmente carece de las licencias necesarias.

La justicia ya había anulado en 2015  las licencias de obras y de cambio de uso a Hotel (estaba inicialmente autorizado como un edificio de 101 apartamentos y parking) y el Estudio de Detalle que modificaba las condiciones urbanísticas del edificio construido en el que se encuentra el hotel. Desde ese momento la empresa necesitaba obtener de nuevo esos permisos, pero resulta imposible sin una modificación del plan general de ordenación urbana. El PP trató de aprobar una que diseñó la propia empresa, pero tras la pérdida de mayoría absoluta en las elecciones de 2015 no pudo aprobarla en el pleno municipal. Pero tampoco exige a la empresa el cumplimiento de las sentencias que implicarían el cese de la actividad del hotel.

A finales de 2016 la justicia anuló la licencia ambiental y de la licencia de funcionamiento del edificio como un hotel (la anulación de esta última acarrea, asimismo, la anulación del permiso municipal para el inicio de su actividad). Estas sentencias fueron recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por parte de la empresa, y se está a la espera de su fallo.

Mientras tanto, Avemur siguió insistiendo en que el Ayuntamiento aplicara la legalidad, ya que la licencia de cambio de uso ya está anulada en sentencia firme y sin ella no se pueden conceder la licencia ambiental ni la de inicio de actividad (las dos que están anuladas pero cuya anulación ha sido recurrida ante el TSJCyL).


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